Ante la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, la calificadora Moody’s y el sector empresarial mexicano preven un escenario de incertidumbre para 2025, lo que podría frenar el nearshoring en el país en ese año.
De acuerdo con un documento difundido por la calificadora en relación con la nueva reforma constitucional que reconfigura el sistema judicial mexicano, se anticipa un escenario donde se crearán cuellos de botella que obstaculizarán el potencial de relocalización de inversiones.
“A medida que los inversores se vuelven más cautelosos respecto a México (Baa2 estable), las empresas se verán obligadas a acumular más efectivo, ya que dudarán en comprometerse con nuevas inversiones de capital. Esta estrategia les permitirá reducir su apalancamiento hasta 2025, aunque el crecimiento a largo plazo seguirá siendo limitado“, señala la agencia .
Se prevé que la economía mexicana pierda parte de su dinamismo, con una expansión de apenas 1.5% en 2024 y 1.3% en 2025, después de un crecimiento mejor a lo esperado del 3.2% en 2023.
Los inversionistas temen que los recientes cambios en el sistema judicial, que se convirtieron en ley en septiembre de 2024, amenacen los principios democráticos y favorezcan un posible deslizamiento hacia un gobierno autocrático.
Además, la reforma al Poder Judicial pone en riesgo el cumplimiento de México con acuerdos internacionales como el T-MEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los temores se centran en que esto podría afectar la implementación de leyes laborales, aumentando el riesgo de suspensión de beneficios arancelarios, sanciones comerciales o multas monetarias, lo que haría que las exportaciones mexicanas sean menos competitivas.
Los participantes del T-MEC revisarán el acuerdo cada seis años, a partir de 2026, para asegurar que éste se ajuste a los intereses económicos y objetivos políticos de los tres países.
En tanto, Moody’s señaló que los grandes emisores vinculados al gobierno, como Petróleos Mexicanos (Pemex, B3 negativo) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE, Baa2 estable), junto a fideicomisos de inversión en bienes raíces como Fibra Uno, Vesta y Terrafina (todas Baa3 estables) deberán aumentar sus necesidades de efectivo, aunque se espera que su gasto de capital se contraiga en 2025.
Coparmex insiste en escenario de incertidumbre por la reforma al Poder Judicial
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también señaló que la reforma al Poder Judicial ya “ha generado una gran incertidumbre” en este 2024 para la comunidad empresarial nacional e internacional.
Según la cúpula empresarial, el próximo año se estará impactando más directamente en la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, por la interferencia política que se dará en las decisiones judiciales.
Coparmex también señaló su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta revisión, aceptada por una mayoría de ocho votos contra tres, representa un acto trascendental que permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso vulnera la independencia judicial y la democracia de nuestro país
concluyó.
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