Estrategia de seguridad en evaluación: Michoacán y Sinaloa, claves para reactivar la inversión
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, marcó un punto de inflexión para el gobierno federal en materia de seguridad en Michoacán, una entidad golpeada por la extorsión y un repunte de la criminalidad que ha frenado inversiones empresariales.
Tras el homicidio de Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán, una estrategia que busca no solo pacificar la entidad, sino también mejorar las condiciones de vida de la población mediante programas sociales y acciones específicas contra la extorsión.
No obstante, la persistente presencia del crimen organizado y los resultados limitados de la estrategia en sus primeros meses han seguido afectando al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas.
El saldo de crédito otorgado por la banca a las empresas registró una caída de 3.3% entre 2024 y 2025. En contraste, entre 2023 y 2024 se observó un crecimiento de 10%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha defendido que el Plan Michoacán ya muestra avances, al reportar una disminución de 13.8% en los casos de extorsión durante los primeros meses de implementación.
Sabemos que no es una tarea terminada y que falta mucho por hacer, pero la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos
afirmó García Harfuch.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad, considera que en Michoacán —a diferencia de otras entidades como Sinaloa o Guanajuato, que también atraviesan una ola de violencia— el plan sí intenta atender problemas de fondo, aunque advierte que las medidas son insuficientes.
“Hay críticas que son muy válidas, porque mucho de lo que se incorporó al Plan Michoacán en realidad son acciones que el gobierno ya realizaba; no se trata de una estrategia completamente nueva”, señala en entrevista con EL CEO.
Sinaloa, sin resultados
En Sinaloa, desde mediados de 2024, la violencia se ha vuelto constante, particularmente en Culiacán, donde un número creciente de empresas han tenido que bajar las cortinas, algunas de manera permanente.
En medio de este escenario, el 3 de febrero de este año fue nombrado Héctor Ávila Alcocer —experto en el combate al crimen organizado y cercano al secretario federal de Seguridad— como comandante de la Tercera Región Militar en la entidad.
Su encomienda es pacificar un estado azotado por la inseguridad y el cierre prolongado de negocios. El impacto económico ya se refleja en el saldo de crédito a empresas, que cayó alrededor de 2% entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según cifras de la CNBV.
Julio Carranza Bolívar, expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló en su momento que el cierre de empresas desde julio de 2024, derivado de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza—, provocó una reducción en la cartera bancaria de la entidad.
Sobre todo en Culiacán y algunos municipios relevantes del estado se ha observado una disminución de entre 50 y 60% en las ventas. Muchos negocios están cerrando: centros de entretenimiento, restaurantes, y eso está teniendo un impacto muy importante
afirmó Carranza.
Por su parte, Guillermina Rodríguez Licea, directora de Estudios Económicos de Banamex, recuerda que el Producto Interno Bruto (PIB) de Sinaloa cayó 0.6% anual en 2025, principalmente por la contracción del sector agrícola —en franca desaceleración desde 2023— y el estancamiento de los servicios.
Recuperación económica, a largo plazo
Para Sánchez Valdés, uno de los efectos más duraderos de la inseguridad es la pérdida de confianza de los inversionistas en regiones con altos niveles de violencia. En el caso de Sinaloa, que desde 2024 enfrenta un deterioro en la seguridad, la recuperación de flujos de capital será lenta, tanto nacionales como extranjeros.
Aun si Culiacán y Sinaloa se pacifican y los homicidios se reducen a la mitad, no será inmediato que los inversionistas regresen. Tomará tres, cuatro o incluso cinco años recuperar esa confianza
explica Sánchez Valdés.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó en junio de 2025 que, a un año de la escalada de violencia, al menos 2,000 negocios habían cerrado en Sinaloa como consecuencia del miedo social y los enfrentamientos con el crimen organizado.
“Muchas de esas microempresas no solo generan empleo, también son el sustento de familias enteras. En algunos casos cerraron tienditas familiares, pero representaban el ingreso principal de un hogar”, señaló el organismo.
De acuerdo con cifras del IMSS, Sinaloa eliminó 11,452 empleos formales entre 2024 y 2025, en un contexto de violencia persistente.
Estado de emergencia
Ante este panorama, la ABM propuso que el gobierno decretara un “estado de emergencia” en Sinaloa, similar al aplicado en Guerrero tras el paso del huracán Otis en 2023, lo que permitiría facilidades para el pago de deudas y la atención de pérdidas empresariales. Sin embargo, la propuesta no fue retomada.
Rodríguez Licea, de Banamex, señala que se trata de situaciones distintas, ya que los periodos de violencia suelen ser más prolongados que los derivados de desastres naturales y requieren enfoques diferentes.
“La presencia policial o militar tendría que ser prolongada y, además, existe el riesgo de que la delincuencia se desplace a otras zonas, generando una percepción equivocada de erradicación”, advierte.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, muestra que México cerró 2025 con un aumento en la percepción de inseguridad: 63.8% de la población de 18 años o más se siente insegura, más de dos puntos porcentuales por encima de 2024.
La extorsión, un lastre para las empresas
La extorsión continúa siendo un problema central para las empresas en el país. Datos de Coparmex arrojan que al menos 20 de las 32 entidades federativas registraron un aumento en este delito, mientras que en otras se observó una reducción.
Sánchez Valdés explica que en algunas regiones los negocios enfrentan una doble o incluso triple carga: impuestos formales y el pago de derecho de piso a uno o más grupos delictivos.
“Eso vuelve poco competitivos a muchos negocios, que terminan cerrando. En ese sentido, el combate a la extorsión sigue siendo uno de los grandes retos”, apunta.
El PIB estatal cuenta otra historia
Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y estatal reflejan un panorama complejo. Al menos 12 entidades federativas registraron caídas en el primer semestre de 2025, de acuerdo con datos del Inegi.
Rodríguez Licea explica que la desaceleración respondió a una menor demanda externa de manufacturas y a la caída de la inversión pública.
El desempeño económico de las entidades obedece, en general, a una desaceleración de la demanda externa —en particular de manufacturas como equipo de transporte— y de la demanda interna, donde la inversión pública cayó de forma importante y la privada lo hizo en menor medida, lo que llevó a una contracción estimada de 7.4%
dice Rodríguez Licea de Banamex.
La economista destaca que algunas entidades, como Guerrero y Baja California, lograron crecimientos del PIB de 3.6% y 2.9%, respectivamente, pese a haber registrado un repunte en homicidios.
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