Los cambios que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores no solo reflejan una falta de planeación en la política social del país, sino también un panorama insostenible para las finanzas públicas del país.
A pocos meses de que se realicen las elecciones intermedias, el mandatario cambió otra vez las reglas del juego. Primero, en 2019, decidió elevar de 65 años a 68 el acceso a la pensión que brinda dicho programa y duplicó el monto.
Después, anunció que las personas ya no tendrán que esperar hasta los 68 años para recibir esta pensión, sino que la podrán tramitar con 65 años a partir de julio de este año; además, prometió que la pensión se elevaría cada año hasta llegar a los 6,000 pesos.
Si bien es correcto que el gobierno pretenda mejorar la situación económica de las personas de la tercera edad, el problema es que todavía no hay una reforma fiscal que sostenga este aumento y que mejore la seguridad social del país, mencionaron especialistas consultados por EL CEO.
La medida de primero subir y luego bajar la edad para acceder a la pensión universal refleja que no hay una planeación adecuada de la política social y que ésta solo se va adecuando a las circunstancias
dijo Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Esta decisión implica un esfuerzo importante para las finanzas públicas del país; el presupuesto de este programa se podría elevar dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y si se considera el pago de pensiones de todo el sector público, “estaríamos diciendo que 10 puntos del PIB se destinan solo al pago de pensiones”, expuso de la Torre.
Para este año, el programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores contaba con un presupuesto aprobado por 135,662 millones de pesos, pero con los cambios dichos recursos se elevará 15% con un total de 156,000 millones de pesos.
López Obrador indicó que en los siguientes años (2022, 2023 y 2024), el presupuesto irá aumentando 20% cada año, ya que también aumentará el monto que reciben las personas de manera bimestral.
Es decir, en julio, los beneficiarios recibirán una pensión bimestral de 2,933 pesos y este monto irá aumentando 20% más la inflación hasta llegar a los 6,000 pesos en 2024, año en que termina el sexenio de López Obrador.
Población de la tercera edad crece más que la joven
La población en México cada vez está cambiando a un panorama donde habrá más personas de la tercera edad que personas jóvenes, lo cual generará una fuerte presión al erario, expuso el actuario, Carlos Lozano.
La población de 65 años en adelante está creciendo 3.7% anual, mientras que el resto de la población está creciendo solo 1.9% anual. Es decir, el crecimiento de la población vieja está casi suplicando el de la población joven
dijo el presidente del Colegio Nacional de Actuarios.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, de las 126.01 millones de personas que hay en el país, el 12% son personas de 60 años en adelante.
Un aspecto que deberá enfrentar el gobierno ante el crecimiento de personas de la tercera edad, es que la economía mexicana no está creciendo lo suficiente para generar ingresos que sostengan el pago de pensiones, comentó el actuario.
Pensión universal no se mide por UMA ni salario mínimo
Durante su conferencia matutina, el mandatario argumentó que los cambios anunciados se hicieron ante la diferencia que existe entre el salario mínimo y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con el que se mide el monto de las pensiones.
Una UMA equivale a 89.62 pesos diarios; mientras que el salario mínimo es de 141.7 pesos diarios. Entonces, se elevó la pensión porque la UMA no creció como lo hizo el salario mínimo desde 2019, remarcó.
Esto no es justificable. El cambio de salario mínimo a UMA afecta a muy poca gente que generalmente son personas que trabajaban de maestros y estaban en el ISSSTE y tienen el esquema anterior de pensiones
expuso Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
La pensión está topada a 10 UMA para trabajadores formales, pero la pensión universal no está topada ni con salarios mínimos ni con UMA.
Reforma fiscal debe aclarar financiamiento de pensiones
Los especialistas consultados por EL CEO coinciden en que el financiamiento del sistema de pensiones solo podrá ser sostenible si el gobierno mejora sus ingresos, ya sea elevando impuestos o endeudándose.
De no contemplar estas vías de generación de ingresos, lo que podría pasar es que se destinen menos recursos a educación y salud, lo cual sería muy grave alertó la especialista del CIEP.
Lo que está haciendo falta en el país es un esquema de seguridad social unificado, se requiere una reforma fiscal para rediseñar el sistema de pensiones, pero no se ve por dónde podría salir un mayor ingresos si no hay aumento de los impuestos, consideró el especialista del CEEY.
Se han mencionado los impuestos a la riqueza, pero hay que considerar no solo el afecto adverso a la inversión, sino también, este tipo de impuestos son fácilmente de evadir y no son tan consistentes
Si bien el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria debe plantear una reforma fiscal que dé sostenibilidad a las finanzas públicas, el presidente ha sido claro en que no quiere aumentar cio crear nuevos impuestos durante su gobierno.
