Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recibido apoyos del gobierno federal por 2.8 billones de pesos del 2013 al 2024; sin embargo, la empresa pública enfrenta retos en transparencia, sostenibilidad fiscal y gobernanza, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los diferentes tipos de apoyos que recibe Pemex se clasifican como financieros o fiscales, con el objetivo de lograr un endeudamiento moderado, y en la medida de lo posible, una reducción en el saldo de la deuda pública.
De los apoyos financieros destacan las aportaciones patrimoniales, con 1.45 billones de pesos; las aportaciones del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por 25,000 millones de pesos (mdp) en 2022, y otros apoyos financieros por 90,650 mdp del 2019 al 2023.
La clasificación de las aportaciones patrimoniales como ‘inversiones financieras’ ha permitido que estén exentas de los requisitos de transparencia que se aplican a los proyectos de infraestructura. Esto genera duda sobre la eficacia y efectividad en el uso de los recursos públicos
destacó el análisis realizado por César Rivera y Ricardo Cantú.
En tanto, los apoyos fiscales han consistido en estímulos que ascienden a 439,028 mdp de 2016 a la fecha, así como la reducción de la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), cuyo costo fiscal es de 545,158 mdp; en esta tasa del DUC el recorte pasó de 65% en el 2019 a 30% en el 2024.
Otros problemas de Pemex
El análisis del CIEP señala que a través de las empresas subsidiarias y filiales, como Pemex Transformación Industrial y PTI-Infraestructura de Desarrollo, se han financiado proyectos estratégicos como la Refinería Olmeca en Dos Bocas; sin embargo, esta estructura ha limitado la rendición de cuentas.
La dependencia de la empresa a dichos apoyos podría comprometer otros rubros prioritarios del gasto público. Ante las recientes propuestas de cambios en las leyes secundarias del sector energético, existe una oportunidad única para revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión
explicó el CIEP.
Además, ante el cambio de empresa productiva a empresa pública, y los consiguientes ajustes en diversas leyes secundarias, surge la oportunidad de reformar los mecanismos mediante los cuales se otorgan los apoyos gubernamentales.
Estos cambios deberán asegurar la estabilidad financiera de la empresa, pero también buscar mejorar su desempeño operativo y rentabilidad
añadió el CIEP.
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