Antes de que Andrés Manuel López Obrador anunciara su intención de crear el llamado Corredor Transístmico, los cuatro presidentes que le antecedieron tuvieron una idea similar… y ninguna prosperó.
La propuesta de fortalecer la economía en el sureste de México, conectando los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, se ha convertido en una eterna promesa que no ha dado frutos. Entre los motivos están los problemas económicos, la falta de interés de los inversionistas y la oposición de las comunidades indígenas de la zona.
“En general ha existido falta de voluntad política”, asegura Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Negocios, Economía y Comercio (LACEN).
“López Obrador es quien ha recogido la demanda por años en esta zona del país”, en la que ha dicho varias veces que concentrará su atención y donde ya tiene pensados proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, dijo el experto.
El plan de López Obrador contempla hacer un sistema de infraestructura con cadenas productivas que generen empleos, negocios e inversiones “que aporten progreso y sustanciales mejoras al nivel de vida de las comunidades del sur sureste gran parte del país”, de acuerdo con el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 que publicó durante su campaña.
El costo de su proyecto será, en una primera etapa, de 40,000 millones de pesos, señala el documento.
Sin embargo, esta cifra es tentativa y una vez puesto en marcha el proyecto podría elevarse sustancialmente, ya que “los proyectos usualmente se estiman a la baja porque no se pueden ver algunos factores que ocurren en la realidad”, comentó Paul Valdés, director de la consultoría Parámetro.
El ‘megaproyecto’ de Zedillo
Cuando el presidente Ernesto Zedillo lanzó el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, en 1996, no inventó el hilo negro. El entonces mandatario retomó un proyecto ideado en el sexenio de José López Portillo conocido como el Plan Alfa-Omega, que contemplaba la creación de un parque industrial y de transporte de mercancía alternativo al Canal de Panamá.
Este primer megaproyecto, anunciado en 1980, no pudo ver la luz por las crisis del petróleo en 1981 y las económicas de 1982 y 1986.
El plan anunciado en la década de 1990 pretendía que el sureste mexicano se incorporara al comercio mundial de bienes y servicios. Para ello, contemplaba una inversión de 19,000 millones de pesos en 64 proyectos de diversas industrias que generarían 11,000 empleos directos en cinco años.
“Los proyectos se orientaron a la necesidad de crear el sistema multimodal transístmico, la privatización de la industria petroquímica, un plan de desarrollo forestal, el establecimiento de una planta automotriz y el mejoramiento de las comunicaciones” para integrar etapas de las cadenas productivas mundiales, explica Jaime Torres Fragoso en el artículo académico El corredor del Istmo de Tehuantepec: de los proyectos fallidos a las nuevas posibilidades para su desarrollo.
Un proyecto (más) ambicioso
A pesar de que lo propuesto por Zedillo no tuvo los resultados esperados, su sucesor, Vicente Fox, fue aún más ambicioso. El panista planteó en marzo de 2001 el Plan Puebla Panamá, donde participarían nueve gobiernos locales (Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y seis centroamericanos: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
El plan panista incluía no sólo desarrollo económico y de infraestructura, sino también asuntos de población y de medio ambiente. Para ello, se calculó una inversión de 75,773 millones de pesos, de los que casi el 90% se destinaría a modernizar la industria petrolera.
“Los dos ejes fundamentales del Plan Puebla Panamá los representaba la mejora de la infraestructura física (…) y la generación de empleos mediante la instalación de microindustrias” financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Japonés de Cooperación y el Banco Mundial.
2007 y 2013, dos ideas similares
Para 2007, las ideas que se habían planteado inicialmente para el Istmo de Tehuantepec se repetían a sí mismas. En el primer año de la administración de Felipe Calderón se pretendió licitar en conjunto dos terminales de contenedores en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como operar un ferrocarril para hacer más eficiente el paso de mercancía por la zona.
Tres años después, se habló de la intención de crear un corredor multimodal que requeriría una inversión de entre 4,000 y 16,000 millones de dólares.
El proyecto, igual que los que le precedieron, no prosperó, pero fue retomado en 2013 por la administración de Enrique Peña Nieto.
La nueva propuesta era hacer un corredor logístico, industrial y turístico en la zona, con impulso del gobierno federal y empresas privadas. Para ello, se requeriría una inversión de 20,000 millones de dólares en 10 años.
“Esta nueva iniciativa pretendía habilitar nuevamente el corredor multimodal que, además de conectar ambos puertos, promovería el desarrollo de la región a través de la generación de valor agregado por medio de la transformación de mercancía que se moviera por ellos”, escribe Torres Fragoso.
El proyecto fue promocionado entre autoridades y empresarios de China con la finalidad de concretar inversión desde el país asiático.
¿La sexta es la vencida?
A pesar de que las propuestas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no llegaron a buen puerto, de concretarse el plan de Andrés Manuel López Obrador, la industria petroquímica se beneficiaría, expuso Martínez.
“Lo que estaría impulsando, tomando en cuenta la inversión en infraestructura junto con la parte petrolera, es el desarrollo de ciencia y tecnología apuntando a la petroquímica” y ayudaría al menos a 13 ramas de la industria, dijo el especialista.
De conseguir hacer el Corredor Transístmico, “la joya de la corona (petrolera) estaría en la zona más pobre del país”, destacó.
Sin embargo, para conseguir que el proyecto prospere, es necesario acordar con los habitantes de la zona y conseguir inversionistas interesados.
“Para cualquier proyecto que se quiera hacer en Oaxaca, seguramente se solicite la aplicación de consultas indígenas para garantizar que no se vulneren los derechos de las comunidades”, comentó en entrevista María Nieves García, directora general de la consultora GMI Consulting.
La consulta indígena es un mecanismo mediante el cual las comunidades dan su postura sobre medidas, legislaciones o acciones que puedan afectarlos directamente. Este derecho está asentado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Si buscan un desarrollo de esta zona de Oaxaca, lo importante es llevar a cabo estos procedimientos”, explica García.
Adicionalmente, se tienen que hacer proyectos atractivos para los inversionistas privados y ver la rentabilidad de lo que se planee hacer en la región.
