El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México congeló la iniciativa para reformar el Código Civil en los artículos relacionados con la vivienda en arrendamiento.
Durante la sesión del 17 de julio, la diputada Valentina Batres y la diputada Martha Ávila, coordinadora del grupo parlamentario, señalaron que hace falta tiempo y mayor participación.
“Se requiere ampliar el periodo de discusión para tener todas las consideraciones necesarias y así decidir la pertinencia de la reforma, así como las adecuaciones necesarias que permitan contar con un instrumento legal con aval social”, señaló Martha Avila.
Ambas legisladoras consideran que “un tema tan polémico no puede ser resuelto de manera apresurada, que se requiere tiempo y, sobre todo, participación social, porque, de lo contrario, se correría el riesgo de excluir a los sectores sociales involucrados”, según el comunicado de la sesión.
? #BOLETÍN| Se requiere tiempo para analizar las reformas al Código Civil: diputadas @MarthaSoledadv2 y @valentinabtg.
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— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) July 17, 2020
La propuesta a la modificación del Código Civil que retomó el grupo parlamentario de Morena era una iniciativa ciudadana diseñada por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), en conjunto con el Movimiento Urbano Popular, 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Red de Desalojos de la Ciudad de México, activistas y 15 organizaciones civiles como Buen Hábitat para el Buen Vivir, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C, y el Frente Popular Francisco Villa México siglo XXI, entre otras.
Incluía que, en contextos excepcionales como la actual pandemia, las personas inquilinas pudieran solicitar a los propietarios el establecer acuerdos para ajustar los términos del contrato y poder hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, así como un mínimo de tres años de contrato y un posible límite a elementos como las fianzas o la solicitud de avales.
Mientras que en materia de desalojos consideraba que en caso de que la vivienda fuera habitada por personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños u otros grupos en situación de vulnerabilidad, “el desalojo se realice con la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter”, explica HIC-AL.
La propuesta fue recibida con recelo por diversos grupos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que ponía en riesgo “garantías constitucionales” y que provocaría mayor informalidad.
“Además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario. Además, frena la competitividad de la capital de la República y encarece los precios de los arrendamientos, derivado de una poca oferta de inmuebles para arrendar. La iniciativa también provocaría informalidad, además de que empujará la migración a zonas de alto riesgo, en la Zona Metropolitana del Valle de México”, indicó la confederación en un posicionamiento enviado a medios.
De acuerdo con cifras del INEGI, alrededor del 50% de los arrendamientos en la Ciudad de México no cuentan con un contrato formal.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios calificó la propuesta como “excesiva e ilegal”.
“Es evidente que estos problemas han ocasionado atrasos en alquileres e hipotecas de viviendas, pero en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo forzoso, ya que los arrendatarios o acreditados han cobrado con las facilidades necesarias para hacer frente a la situación económica y de acceso a la vivienda”, destacó la AMPI en un comunicado.
HIC-AL informó que hizo un sondeo con 1,498 personas en la CDMX. Entre los resultados encontró que, durante la pandemia, al menos 62.8% de los capitalinos ha tenido problemas para realizar el pago de su renta, y según el diario la Jornada hasta junio se han realizado 256 desalojos forzosos.
Algunos privados consideran que hay temas para discutir. “Esta iniciativa pretende, entre otras cosas, poder nivelar estas condiciones para este segmento que ante una crisis como la actual podría significar un número importante de personas en situación crítica”, dijo Ricardo Vaca, socio y director de operaciones de Homie.mx.
La plataforma que se dedica a conectar arrendadores y arrendatarios ha eliminado en las transacciones requisitos como el aval, lo cual, señalan, les ha permitido reducir el tiempo que tardan las personas en ocupar o arrendar un departamento.
“Se ha exagerado la reacción, ya que en lo específico, uno de los puntos que se maneja es la negociación de las rentas y la temporalidad del contrato en caso de declarar un estado de emergencia, este tipo de acciones se tienen que ejecutar con previo acuerdo de ambas partes”, dijo.
Aunque el socio de Homie.mx reconoció que si bien las propuestas tienen el objetivo de mejorar algunas condiciones para los arrendatarios, “podrían atentar contra la seguridad económica de los arrendadores, que en un gran porcentaje son personas que viven de ese ingreso”.
Especialistas consideran que todavía no es cuantificable el impacto de la pandemia en el mercado de arrendamiento, y aunque los precios se mantienen estables, los de la CDMX son los más altos a nivel nacional.
