EU acusa a vendedor de armas por nexos con CJNG y Sinaloa; podría ir 20 años a prisión
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un comerciante de armas de brindar “apoyo material” a organizaciones consideradas terroristas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con un comunicado del Distrito de Arizona, Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, fue imputado mediante una acusación sustitutiva el pasado 17 de marzo por “intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera” y “conspiración para proporcionar apoyo” a estos grupos.
Intento de suministro al CJNG
Gray es propietario de la armería Grips By Larry y cuenta con licencia federal para la distribución de armas de fuego. No obstante, las autoridades sostienen que en mayo de 2025 intentó suministrar armamento al CJNG.
Asimismo, señalan que durante ese mismo año conspiró para abastecer al Cártel de Sinaloa, lo que derivó en la ampliación de los cargos en su contra.

El caso se desprende de una acusación previa presentada en 2025, en la que también fue señalado junto a Barrett Weinberger, de 73 años, residente de Tucson.
Los cargos originales contra ambos incluían tráfico de armas, complicidad en la compra mediante testaferros y participación en la presentación de declaraciones falsas durante la adquisición de armas
se lee en el documento.
Tras la designación del CJNG y el Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras durante la administración de Donald Trump, la fiscalía decidió ampliar los cargos e incorporar delitos relacionados con apoyo material al terrorismo.
Hasta 20 años de prisión
Según el comunicado oficial, el acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión por el cargo de apoyo material a organizaciones terroristas, además de multas de hasta 250,000 dólares.
A ello se suman posibles condenas de hasta 15 años por el uso de prestanombres en la compra de armas y hasta 10 años adicionales por falsedad en declaraciones ante autoridades.
Finalmente, el documento señala que el fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona en Phoenix, está a cargo del proceso, que continuará desarrollándose en las próximas semanas.
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