Presidencia de Lenia Batres en la SCJN, en duda por contradicción constitucional
La sucesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el puesto lo ocupe la ministra Lenia Batres Guadarrama está en entredicho, debido a dos artículos de la Constitución que se contradicen y pueden impugnarse.
Batres, quien se autodenomina la “ministra del pueblo”, se enfrentará a dos leyes que mencionan cosas distintas: los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El primero establece que la presidencia duraría dos años y sería rotativa con relación al número de votos que obtuvieron en la pasada elección judicial de junio del 2025.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación
según el párrafo tercero del artículo 94.
No obstante, el artículo 97 de la Carta Magna dice que cada cuatro años, el Pleno de la SCJN elegirá al próximo presidente, como era antes de la reforma judicial.
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior
de acuerdo con el artículo 97, párrafo 11, de la CPEUM.

Corte o Congreso deberán decidir
En consulta por EL CEO sobre el tema, el abogado constitucionalista Arturo Boisseauneau Pastor, mencionó que es necesario que el Congreso de la Unión reforme esta ley, ya que si esto no ocurre, los propios ministros decidirán quién ocupará la presidencia del Máximo Tribunal.
Con el marco actual y si no hay reforma, tendría que ser la propia Corte la que resuelva y determine quién ocupará su presidencia porque es un poder autónomo
comentó el abogado.
Boisseauneau Pastor prevé que el Congreso discuta una reforma en la que se corrija esta contradicción, así como otros errores que dejó la reforma judicial, como la falta de control con los llamados “acordeones”; no obstante, esto debería suceder antes de la elección del siguiente año.
Por su parte, el abogado Juvenal Lobato Díaz mencionó que la contradicción podría solucionarse con una interpretación de los ministros de que la norma anterior se derogue.
Esto se soluciona en una interpretación que mezcla un principio de derecho que es que la norma posterior deroga la norma anterior. Entonces, si tuvieran ellos (los ministros) que interpretarlo, tendrían que decir, ‘Oye, ¿cuándo se reformó esto?’ Ah, se reformó después, que la presidencia va a ser rotativa, funciona quien tuvieran los votos
señaló Lobato Díaz.
Pese a eso, el asunto se espera a que sea tratado en la Cámara de Diputados cuando se acerque la fecha de cambio de la presidencia.
Sucesión según la reforma judicial
El actual presidente de la Corte es el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo la mayoría de votos en las pasadas elecciones de jueces, magistrados y ministros, y ocupará su puesto hasta el 2027.
Por la votación, le seguiría la ministra Batres Guadarrama hasta el 2029, y luego la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por un periodo de 2029 a 2031.
La reforma judicial establece que los ministros durarán en su puesto 12 años; sin embargo, los togados que conforman la Corte actual durarán en sus puestos entre 8 y 12 años, por lo que dejarían sus cargos.
Lenia Batres y sus polémicas
Desde el inicio de funciones de la nueva Suprema Corte, la ministra Lenia Batres ha estado en el ojo público por sus posturas sobre algunos asuntos relevantes, tanto de proyectos de ella como de otros ministros.
Entre ellos destaca la propuesta de que la SCJN abra asuntos ya discutidos, bajo el argumento de la “cosa juzgada fraudulenta”.
“Lo que espera la gente, además de la aplicación de un principio importantísimo que es la certeza jurídica, es justicia. Tenemos casos donde pasaban sentencias fraudulentas por nuestras narices y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer absolutamente nada”
argumentó la ministra en ese momento.
La ministra Batres Guadarrama también buscó atraer un amparo relacionado con un adeudo fiscal de FEMSA por 2,869 millones de pesos que ya estaba resuelto, al argumentar que “no era ilegal ni se menoscaba la ‘cosa juzgada’ al atraer un asunto que decidieron antes que no”.
Conflicto con Salinas Pliego y asuntos fiscales
Otra de los asuntos que fueron polémicos alrededor de la ministra Lenia Batres es el conflicto con el empresario Ricardo Salinas Pliego, al en su momento llamó “miserable”.
Debido a esos comentarios, el empresario presentó un impedimento en contra de Lenia Batres para que no participara en las votaciones por asuntos relacionados a créditos fiscales de sus empresas por 48,000 millones de pesos.
La ponencia de Lenia Batres contaba con uno de los amparos, por poco más de 67 millones de pesos contra la empresa Nueva Elektra del Milenio. Además, la togada tomó una postura en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en varias de las discusiones de temas fiscales que tuvo la actual SCJN.
En su cuenta de X, la ministra respondió: “respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica”.
También lee:






