A un mes del descarrilamiento, víctimas del Tren Interoceánico acusan abandono de autoridades
Juan Manuel Iglesias López viajaba junto con su esposa Flor y su hijo Alexis a bordo del Tren Interoceánico cuando, el pasado 28 de diciembre de 2025, la unidad se descarriló en el trayecto de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. El accidente dejó 14 personas muertas y al menos 109 heridas.
La familia —originaria de Veracruz y residente desde hace 25 años en Ciudad Juárez, donde realizan labores misioneras— viajaba en uno de los vagones que cayó a un barranco. Juan Manuel sufrió un esguince en el pie que se agravó con el paso de los días; a su esposa le diagnosticaron lesiones cervicales, mientras que Alexis presentó heridas en brazos y cabeza, además de un pulmón perforado.
A un mes del descarrilamiento, Juan Manuel teme que las víctimas queden en el olvido ante la falta de información y seguimiento por parte de las autoridades.
El momento de dar seguimiento y de priorizar este evento ya se acabó. Siento que a esta gente ya no le importa quién sigue sufriendo los estragos del accidente
criticó.
En entrevista con EL CEO, el contador y misionero denunció que las autoridades no han dado seguimiento médico a las lesiones de su familia y que, desde su regreso de Oaxaca a Ciudad Juárez, solo han recibido una llamada oficial.
Me dijeron que probablemente nos iban a contactar para acudir a la Fiscalía General de la República a rendir declaración y que a partir de ahí nos tomarían como víctimas de este descarrilamiento, pero no ha habido más
señaló Iglesias López.
Fotoarte: Ericka RoblesFGR: exceso de velocidad y acción penal
Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el descarrilamiento fue provocado por exceso de velocidad, de acuerdo con los registros de la “caja negra” del tren. Según las autoridades, la locomotora alcanzó hasta 111 km/h en tramos rectos, pese a que el límite permitido era de 70 km/h, y circulaba a 65 km/h en la curva donde ocurrió el accidente, cuando la máxima era de 50 km/h.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, anunció que la institución ejercerá acción penal por homicidio culposo y lesiones culposas, aunque aún no ha aclarado a todos los responsables que podrían ser imputados.
Sin otras víctimas que alcen la voz
Juan Manuel acusó que las autoridades ejercen presión para que las víctimas no hablen públicamente sobre el accidente. Hasta ahora, aseguró, ninguna otra persona afectada se ha acercado para denunciar la situación.
Aparte de mi familia, nadie se quiere abrir. No sé si están siendo amenazados o amedrentados para no hablar con los medios ni reclamar daños. Eso me causa mucho ruido. Nadie de Veracruz, nadie de Oaxaca
alertó.
Agregó que esta situación representa una revictimización, ya que las personas afectadas no solo enfrentan la pérdida o las lesiones de un familiar, sino también el silencio institucional.
Una póliza de seguro que desconocían
Juan Manuel relató que el viaje inició alrededor de las 9:00 de la mañana en la estación Ixtepec de la Línea Z y que el accidente ocurrió apenas media hora después. Los tres viajaban en el vagón que cayó al barranco.
Sufrimos más que un accidente: fue el descuido del gobierno, la falta de supervisión. Fuimos testigos de la muerte de una niña y de decenas de personas heridas. No solo descarriló un tren, descarrilaron políticos que se prestaron a malas prácticas que hoy siguen doliendo
relató.
El misionero aseguró que desconocía la existencia de una póliza de seguro para los pasajeros del Tren Interoceánico y que fue hasta una entrevista con un medio de comunicación cuando se enteró de ella.
Me compartieron información general del seguro y un número de seguimiento, pero no la póliza. Mi hijo necesita atención especializada, un ortopedista que sea realmente profesional
afirmó.
Buscan acceso a la carpeta de investigación
El abogado de la familia, Adrián Arellano Regino, explicó que buscan participar en las líneas de investigación y tener acceso a la carpeta correspondiente, que incluye dictámenes periciales y otros datos de prueba.
Como víctimas de lesiones culposas, es fundamental aportar dictámenes médicos que permitan establecer el alcance real de las lesiones y el tiempo de rehabilitación, para determinar la posible reparación del daño
explicó el litigante.
Arellano Regino, integrante del bufete Vega MacGregor Arellano, señaló que, de acuerdo con lo expuesto por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, la Fiscalía General de la República debería ejercer acción penal contra el maquinista del tren, quien ya fue detenido por autoridades federales en Chiapas.
El pasado 5 de enero, los abogados de tres víctimas —incluida la familia Iglesias— presentaron una denuncia ante la FGR contra las empresas Comsa Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools S.A. de C.V. por presuntas irregularidades en la construcción y rehabilitación del tramo donde ocurrió el accidente.
Los litigantes aseguraron que, de acuerdo con auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estas compañías no cuentan con evidencia clara de los contratos otorgados y que existen posibles fallas en la obra y supervisión del tramo donde se produjo el descarrilamiento.
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