SCJN bajo la lupa por el discurso de austeridad y falta de transparencia
Parte de las directrices del discurso de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido la austeridad en compras y gastos, así como una mayor transparencia en la resolución de asuntos y la promesa de una “Corte de puertas abiertas”.
Sin embargo, la reciente renovación de las camionetas blindadas asignadas a las y los ministros reavivó los cuestionamientos sobre la congruencia de ese discurso de ahorro al interior del Máximo Tribunal, pese a que desde el pasado 1 de septiembre el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció la implementación de un plan de austeridad.
Para el abogado constitucionalista Juvenal Lobato Díaz, este episodio también exhibe un problema de falta de transparencia. Explicó que la decisión de adquirir las camionetas blindadas se tomó a partir de un acuerdo entre los propios ministros, quienes optaron por comprar vehículos para las nueve ponencias y cancelar el contrato de renta que, según la propia Corte, mantenían previamente.
Abonaría mucho que, en su caso, jurídicamente se hiciera un análisis de los documentos. Se habla de una consulta que se realizó para determinar si era necesario o no cambiar los vehículos. Abonaría mucho que se conozca, que se haga público
señaló Lobato Díaz.
En entrevista con EL CEO, el abogado constitucionalista sostuvo que en este caso se reprocha un doble discurso, al formar parte de un gobierno que —dijo— “predica austeridad, más allá de esta distinción que quieren hacer de la austeridad como política pública”.
Nadie podría negar que necesitan seguridad para trasladarse por las funciones que desempeñan, pero la duda es si realmente requieren una camioneta blindada con las condiciones en que se dieron. No sé cuántas personas en México podrían tener acceso a un vehículo de ese tipo
aclaró.
La postura de la Corte
Tras la polémica, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informaron, mediante un comunicado emitido el domingo 25 de enero, su decisión de no utilizar los vehículos adquiridos, así como de solicitar que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.
En el posicionamiento, la Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el trabajo permanente para lograr “una justicia real y verdadera”.
Falta de transparencia en resoluciones y tabuladores
El debate sobre la transparencia no se limita al gasto. En la publicación de sentencias, resoluciones y tabuladores estadísticos, la nueva etapa de la SCJN tampoco ha sido consistente en hacer públicas varias de las decisiones emitidas durante sus primeros 100 días.
De acuerdo con el informe “Los primeros 100 días de la integración electa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, elaborado por el observatorio ciudadano Ojo en la Justicia, de la organización Disentir A.C., de los 2,588 asuntos resueltos en los primeros tres meses, solo 739 son públicos. El resto corresponde a acuerdos de la presidencia de la Corte, de los que no se conoce el contenido ni el sentido de las resoluciones.
Esta falta de información pública desagregada constituye un retroceso en la transparencia institucional, ya que impide evaluar con precisión la productividad judicial del Pleno y la procedencia de cientos de asuntos resueltos “por acuerdo sin turno”, según el informe.
La nueva SCJN con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo / Fotoarte: Ericka RoblesMejora selectiva de la transparencia
Pese a ello, Juvenal Lobato reconoció que la SCJN sí ha mejorado en la publicación de los asuntos que se discutirán cada semana, una práctica que la administración anterior limitaba a casos considerados de especial relevancia pública.
Sin embargo, en materia de transparencia administrativa, la gestión del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha sido más cuestionable. Entre otros puntos, se retiraron del sitio web de la Corte los tabuladores de sueldos de ministras, ministros y personal, información que hasta hace unos meses era de acceso público.
Entiendo que se bajaron de la página de internet los tabuladores de sueldo de los ministros y de quienes trabajan en la Corte, cuando esa era una información que públicamente debía estar
criticó el litigante.
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