El negocio millonario del medicamento ‘pirata’ presiona a la FGR de Ernestina Godoy
Mientras el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” alista la mayor compra de medicamentos de los últimos años, un problema crítico está fuera del radar penal: en México, seis de cada 10 fármacos vendidos en puntos no autorizados son robados, caducos o falsificados, y el mercado ilegal de medicinas mueve más de 30,000 millones de pesos al año. Aun así, la persecución de este delito es prácticamente inexistente.
En países en vías de desarrollo, hasta 50% de los medicamentos en circulación pueden ser falsificados, y su consumo está asociado con cientos de miles de muertes anuales a nivel global. En México, el crecimiento del mercado ilegal coincidió con años de baja vigilancia, escasos operativos y poca judicialización, lo que convirtió al tráfico de medicamentos en un negocio de alto margen y bajo riesgo.
Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero en noviembre pasado, este mercado se convierte en un foco rojo, en medio de la renegociación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que se trata de un delito con impacto directo en la salud pública y en los compromisos comerciales del país.
El origen del problema: desabasto y fragmentación
El punto de quiebre fue el cambio en el modelo de compras públicas al inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La salida de los grandes laboratorios y la entrada de miles de nuevos proveedores debilitó los controles sobre calidad, origen y trazabilidad de los medicamentos.
El desabasto no solo dejó hospitales sin tratamientos; también abrió la puerta para que medicamentos ilegales ingresaran al sistema de salud pública. El problema creció a tal grado que, en el sector, se estima que 66% de los medicamentos caducos que circulan en mercados no formales proviene de instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE.
A ello se suma que los medicamentos apócrifos hoy se venden en tianguis, redes sociales y hasta en farmacias establecidas. Las falsificaciones son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, incluso para el personal de salud, con consecuencias graves, tales como tratamientos ineficaces y enfermedades que se agravan.
Los límites de la nueva megalicitación
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en una nueva megalicitación para el periodo 2027–2028, diseñada y encabezada por Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. El modelo apuesta por compras centralizadas, proveedores certificados y una mayor participación de la empresa pública Birmex en la distribución.
Clark se consolidó como el principal operador del nuevo esquema de abasto, con la promesa de ordenar las compras y cerrar espacios a prácticas irregulares. Sin embargo, la licitación que prepara el gobierno federal no ataca el problema de raíz: un mercado ilegal de medicamentos que creció durante años sin consecuencias penales.
El delito no ocurre únicamente en la asignación de contratos, en muchos casos se materializa después, dentro de la propia cadena institucional, mediante sustituciones, desvíos y falsificaciones que hoy no enfrentan controles sistemáticos.
El gran reto de la FGR de Ernestina Godoy
La FGR deberá definir si seguirá tratando el medicamento ilegal como una falta administrativa o asumirlo como un delito prioritario. Sin investigaciones, operativos y judicialización, el negocio seguirá operando con normalidad.
En el contexto de la próxima renegociación del T-MEC, la falsificación de medicamentos se perfila como un tema especialmente sensible, tanto por sus implicaciones en la salud pública como en la protección de la propiedad intelectual. El problema ya ha encendido alertas entre especialistas, como Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, quien ha llevado esta preocupación a foros del tratado de América del Norte en los que participan autoridades de México, Estados Unidos y Canadá.
Ernestina Godoy tiene margen para cambiar esa señal. Si no ocurre, la megalicitación diseñada por Eduardo Clark será apenas un ajuste técnico frente a un mercado ilegal que ya opera, sin resistencia, dentro del precario sistema de salud mexicano.
Relevo en Cofepris, otra pieza clave rumbo al T-MEC
El nombramiento de Víctor Hugo Borja como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de Armida Zúñiga Estrada, cobra especial relevancia en la antesala de la renegociación del T-MEC.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el relevo durante su conferencia matutina del viernes 2 de enero y explicó que la decisión fue tomada directamente por el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz.
Borja, con una larga trayectoria en el IMSS y excoordinador nacional médico del ya extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), llega a Cofepris en un contexto de fuertes presiones externas. El gobierno de Estados Unidos, además de expresar su preocupación por el crecimiento del mercado de medicamentos ‘pirata’, ha insistido en que México avance en la homologación de más de 2,400 fármacos con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos.
A ello se suma el reto de destrabar los procesos regulatorios de la Cofepris, que durante años han arrastrado rezagos derivados de la burocracia. En los próximos meses se verá si este relevo se traduce en mayor eficiencia y si la apuesta de la 4T logra dar resultados en un momento clave para la relación comercial con Estados Unidos.
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