México gana pleito de 2,700 mdd a la manufacturera Access Business
El Gobierno de México obtuvo una victoria jurídica relevante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que el tribunal arbitral desestimó la demanda presentada por Access Business Group LLC, la cual buscaba obtener más de 2,700 millones de dólares (mdd) por una presunta expropiación de terrenos en Jalisco.
La Secretaría de Economía informó que el tribunal resolvió el 21 de noviembre que carecía de jurisdicción para revisar la reclamación, lo que implica el cierre definitivo del arbitraje iniciado en abril de 2023 bajo disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El origen del conflicto
Access Business argumentaba que adquirió durante los años 1992 y 1994, a través de su filial Nutrilite, un predio conocido como El Petacal, y que este fue supuesto objeto de expropiación cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó los terrenos a un ejido en 2022.
La compañía alegó que esta medida violaba obligaciones del antiguo TLCAN, pese a que este tratado concluyó su vigencia en 2020.
Ante esta solicitud, el CIADI concluyó que las acciones impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían reclamarse bajo un tratado ya sin efectos.
El tribunal señaló que el Anexo 14-C del T-MEC —que establece reglas transitorias para algunos reclamos heredados del TLCAN— no extiende las obligaciones sustantivas del antiguo acuerdo más allá de su vigencia. Con ello, determinó que no existía base legal para que Access Business invocara esas disposiciones.
¿Cuánto pagará la empresa a México?
Además de rechazar la demanda, el tribunal ordenó a la empresa pagar alrededor de 1.3 mdd al Estado mexicano por gastos procesales y costos del arbitraje.
La Secretaría de Economía destacó que esta resolución constituye un precedente destacado en materia de inversiones y confirma la solidez jurídica de México en este tipo de procesos.
El caso fue defendido por el equipo jurídico de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, apoyado por las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La SEDATU también participó como instancia de apoyo.
Actualmente, el laudo se encuentra en proceso de revisión para retirar información confidencial. Una vez concluido, será publicado en la página del CIADI.
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