#InformaciónConfidencial: Javier Duarte y su posible libertad en Miami
El tiempo de Javier Duarte tras las rejas podría llegar a su fin. Ya en libertad, podrá continuar su proceso en su mansión de Miami, valorada en 7.8 millones de dólares, adquirida en el pasdo mediante uno de sus prestanombres.
De todas las residencias del exgobernador de Veracruz, esta es la única que no se vendió 2020, y aún es propiedad de Ace Realty Holdings LLC, empresa vinculada al abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez, quien según sus declaraciones en 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fue contratado por Duarte para comprar residencias con dinero presuntamente proveniente del desfalco a las arcas de la entidad que gobernó.
La residencia del número 277 de Marinero Court, se encuentra ubicada en una zona lujosa del condado de Miami-Dade. En 2015 Janeiro Rodríguez adquirió la residencia para que ahí viviera la exesposa de Duarte, Karime Macías.
Incluso los impuestos de la mansión los paga el abogado Frank A. Rubino, vinculado a Duarte, y que en 2010 fue el litigante del exdictador panameño Manuel Ortega.
En 2018, el gobierno de Veracruz, representado por el abogado tejano Tony Buzbee, interpuso una demanda en Estados Unidos para adquirir la residencia valuada en 8.3 mdd, misma que sigue estancada desde 2022.
El exgobernador buscará este miércoles 12 de noviembre salir de manera anticipada del Reclusorio Varonil Norte, de una sentencia de nueve años por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, aunque si no sale esta semana, esperará hasta 2026 a que acabe su condena para salir en libertad sin más asuntos pendientes ante la justicia mexicana.
Peleas dentro de la Corte
Desde las primeras semanas de funcionamiento de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comenzaron a formarse bloques internos entre los ministros.
El más evidente es el integrado por las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, frente al resto de los ministros, diferencia que se refleja tanto en el apoyo a los proyectos como en la definición o eliminación de criterios jurídicos.
Durante las discusiones en sesión, no es raro que Batres, la autodenominada “ministra del pueblo”, quede sola al defender sus posturas frente a una mayoría que vota en sentido contrario.
La tensión se hizo más visible la semana pasada, cuando la ministra Loretta Ortiz Ahlf reclamó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que mantiene en su equipo a asesores de la anterior conformación de la Corte, lo que —según dijo— podría generar conflictos de interés en la elaboración de proyectos.
Habrá que observar cómo evoluciona la relación entre los primeros ministros electos por voto popular y el resto del Pleno en los próximos meses.
Gasto comunitario
El programa Mercomuna, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, ha tenido tal aceptación que su presupuesto creció 25% este año, pasando de 440 a 550 millones de pesos. La iniciativa, que nació en Iztapalapa, combina apoyo social y dinamismo económico al otorgar vales a familias de bajos ingresos para comprar alimentos y productos básicos en tiendas de barrio.
Hasta ahora, más del 70% de los recursos ya ha sido ejercido, beneficiando a más de 150,000 hogares y activando una red de casi 26 mil establecimientos locales.
Este modelo no solo reactiva el consumo en las colonias populares, sino que también garantiza que el dinero público circule dentro de las propias comunidades, fortaleciendo la economía barrial y generando un efecto multiplicador de ingresos.
Así, mientras las familias beneficiarias compran lo que realmente necesitan, las tienditas recuperan su papel como eje económico y social de los barrios capitalinos. La meta es llegar a 335,000 familias antes de que termine el año.
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