Plan Michoacán: más cálculo político que estrategia de seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta semana el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con intenciones más políticas que de seguridad y control de daños tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Mazón, y la violencia que ha lastrado al estado durante los últimos años, de acuerdo con analistas consultados por EL CEO.
En entrevista, David Saucedo, experto en seguridad, aseguró que la estrategia está relacionada en mayor medida con un control político-electoral en el estado, ya que con anterioridad se han implementado planes similares en la Ciudad de México o en Sinaloa, donde la intención de voto hacia el partido en el poder subió.
Esos programas de intervención en materia de seguridad, el efecto real que tienen es generar una inercia de voto a favor de Morena, entonces tiendo a pensar que este plan de intervención no va a pacificar Michoacán, pero si va a fortalecer el control político que tiene el partido en el estado
señaló David Saucedo.
El experto en seguridad pública y crimen organizado también criticó que el plan está diseñado para acotar a la oposición, quienes en días recientes han utilizado el asesinato de Mazón en su narrativa para criticar al oficialismo, lejos del objetivo de lograr la paz en el estado.
Una estrategia distinta
La estrategia delineada por el gabinete de seguridad de Sheinbaum contempla estrategias de desarrollo local, justicia social y protección ciudadana, así como medidas laborales para combatir la extorsión y la explotación en sectores como la producción de aguacate y limón.
Para Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de crimen organizado de la Universidad Autónoma de Coahuila, sí es necesaria la intervención de las autoridades federales en la entidad, pero el plan debería estar enfocado en equipar y mejorar a las policías estatales y municipales, además de limpiar la influencia política del crimen organizado, con detenciones de funcionarios presuntamente coludidos.
El crimen organizado ha cooptado muchísimos municipios de Michoacán, esto no es nuevo, viene de muchos sexenios atrás. Son las mismas autoridades locales quienes a veces protegen a estas a estas organizaciones
comentó Sánchez Valdés.
El especialista agregó que el crimen organizado históricamente cuenta con protección institucional. “Las autoridades que deberían combatirlos se convierten en sus aliados y la única manera de romper esos esos ciclos de protección y en donde la ciudadanía es la principal afectada, es haciendo un trabajo de investigación”, mencionó.
Un plan sin presupuesto
El nuevo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia también carece de garantía de que se tengan recursos suficientes para su operación.
Durante la discusión en lo general y de los transitorios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, no existe aún una partida dirigida a dicho plan, pese a que la presidenta dijo durante la conferencia matutina del 5 de noviembre que los legisladores reasignarían recursos.
Fernando Jiménez Sánchez, doctor del Colegio de Jalisco, aseguró que el plan de seguridad tiene muchas limitaciones, pese a estar enfocado en el eje de seguridad y de programas sociales.
Lo que estamos viendo es más seguridad, más elementos, lo mismo que hace 20 años, la asignación de una fiscalía que ya sabemos y por experiencia eso no significa que vaya a resolverse el problema
comentó Jiménez Sánchez.
No es el primer “Plan Michoacán”
El plan Michoacán no es el primero que el gobierno federal implementa para controlar la inseguridad en la zona, ya que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto e incluso Andrés Manuel López Obrador presentaron el suyo durante sus administraciones.
En 2006, el expresidente Calderón Hinojosa anunció el Operativo Conjunto Michoacán, lo que significaría el envío de tropas federales a la entidad, gobernada en ese entonces por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de la presidencia de la República. Este operativo generó detenciones de presuntos criminales que luego fueron liberados.
Durante la presidencia de Peña Nieto, se crearon policías comunitarias en un intento por desarticular a grupos de autodefensas, con asesoría de expertos de Colombia, aunque eso generó más violencia en la entidad y la creación de nuevos grupos criminales.
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