Reforma a Ley de Amparo de Sheinbaum busca frenar abusos fiscales: Arturo Zaldívar
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo cuyo objetivo, de acuerdo con el proyecto presentado, es detener el mal uso que se da en los juzgados a este recurso.
En conferencia de prensa, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, plantearon que uno de los principales objetivos de la iniciativa es poner fin a los abusos legales de deudores fiscales, quienes alargan litigios por años con múltiples recursos de amparo.
Según Zaldívar, la reforma plantea permitir un solo juicio de amparo, evitando retrasos que impiden al fisco cobrar créditos fiscales firmes determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o tribunales colegiados.
El exministro aclaró que no se busca limitar el derecho de defensa, sino frenar el uso excesivo de herramientas legales que afectan las finanzas públicas del país durante años. Asimismo, explicó que si un procedimiento de ejecución presenta irregularidades, podrá cuestionarse en un único juicio de amparo, sin la posibilidad de interponer recursos repetitivos para demorar el cobro.
Foto: PresidenciaNo se restringe la ley con los cambios al amparo, señalan
Arturo Zaldívar negó que la reforma restrinja el acceso al amparo ya que la iniciativa busca modernizar la justicia con procesos más ágiles, eficaces y con mayor integración de herramientas digitales.
Entre los puntos más relevantes está la precisión de la figura de “interés legítimo”, lo que permitirá aplicarla de manera más clara sin reducir derechos como los ambientales o colectivos.
El funcionario también rechazó versiones sobre la imposibilidad de impugnar bloqueos bancarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que quienes acrediten la licitud de recursos podrán recuperar sus cuentas mediante amparo.
Por su parte, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, detalló que la reforma contempla modificaciones a leyes secundarias como el Código Fiscal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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