Aduanas de México da contrato millonario a exfuncionarios de CDMX ligados a ‘Pepe’ Merino
El pasado 31 julio, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a cargo de Rafael Marín Mollinedo, adjudicó un contrato por hasta 551 millones de pesos (mdp) para el mantenimiento de equipos de rayos X no invasivos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, S.A, de C.V., propiedad de un exfuncionario de la Ciudad de México.
EL CEO encontró irregularidades en dicho proceso. En primer lugar la empresa de reciente creación no contaba con la experiencia solicitada, además de incongruencias temporales en la entrega de la documentación.
A esto se suma que existe una relación entre los contratantes y contratados: todos ellos reportaban o tenían coordinación con una institución a cargo de José Peña Merino, actual titular de la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del gobierno de México.
Una fuente consultada por esta casa editorial —quien solicitó anonimato— dijo que a principios de este año, Peña Merino solicitó a la ANAM contratar a Carlos Melendez Sagahón, quien es actual director General de Tecnologías de la Información; también a Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, quien ahora es titular de la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros y firmó la contratación señalada.
Los involucrados trabajaron en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum encabezó el gobierno local. Desde entonces, éstos mantenían estrecha coordinación con “Pepe” Merino, quien dirigió la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) capitalina entre los años 2019 y 2023.
De hecho, tanto la ADIP como el C5 firmaron un convenio de colaboración desde enero de 2019. Y ambos órganos desconcentrados trabajaron estrechamente, por ejemplo, en la apertura de puntos de Wi-Fi gratuito en la CDMX; así como otros proyectos, como la operación del Metro, e integración de datos, especialmente durante la pandemia de covid-19.
Firmas del convenio entre la ADIP y el C5 de CDMX.Jesus Daniel Pérez González, fundador de la Umami Ingeniería Especializada, también tuvo un rol cercano con el ahora titular de la ATDT, debido a que formaba parte del área de Tecnologías de Información del C5. El marco legal de la CDMX le permitía a Merino dirigir, coordinar o diseñar trabajo conjunto con esos funcionarios.
“Pepe” Merino tuvo ese poder con todas las dependencias de CDMX, y ahora lo tiene a nivel federal desde enero de 2025. Entre sus funciones —según el reglamento de la ATDT y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal— está “dar conformidad” a los nombramientos de los directores en áreas tecnológicas.
En el caso de la ANAM, Peña Merino dio el visto bueno a los funcionarios con los que trabajó en el pasado y que en el presente contrataron los servicios de la empresa Umami.
Aunque en este caso se trata de un servicio, en noviembre de 2024, Peña Merino aseguró —durante una conferencia— que una de las agendas de la ATDT tiene que ver con las compras públicas:
“Compras públicas de tecnología: ninguna autoridad puede adquirir tecnología sin que la agencia lo autorice y esto garantiza interoperabilidad, escalabilidad, poder donar código y por supuesto, austeridad o no derogar recursos de manera innecesaria en soluciones tecnológicas”, señaló el funcionario federal.
Reglamento de la ATDT que faculta a José Peña Merino para dar su visto bueno a funcionarios relacionados a tecnologías de la información.Un contrato a modo en Aduanas
La justificación para contratar a Umami fue que presuntamente es el único distribuidor en México para los equipos Nuctech —la marca que utiliza la ANAM para los artefactos de inspección de mercancías— según se detalla en una carta supuestamente emitida por el fabricante de dichos dispositivos.
Nuctech asentó en la misiva que puso a disposición de Umami el personal calificado y las normas para la ejecución del proyecto. Esto debido a que tanto los individuos como las empresas que trabajan con equipos de rayos X deben tener licencias emitidas por autoridades como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
Es decir, en ese momento Umami no contaba con personal propio con esas credenciales.
No obstante, esta carta no se presentó apostillada —un trámite que permite dar validez en México a un documento emitido en otro país— en el proceso inicial de contratación, alegando que la gestión estaba en curso. Por ello, todo se hizo “a protesta de decir verdad”, es decir, confiando en la palabra de los representantes del contratista.
La empresa afirma que la carta se otorgó en Beijing, China, en el corporativo Nuctech. Aunque EL CEO encontró irregularidades en las fechas en que se presentaron los documentos según el oficio de justificación de excepción:
- Se dice dos veces en el documento que la carta se emitió el 16 de julio, pero solicitaron a Umami una propuesta técnica un día antes, el 15 del mismo mes.
- Cinco días antes de recibir una solicitud de cotización, el 10 de julio, Umami ya estaba autorizado para ser proveedor de la ANAM conforme al artículo 16 de la Ley Aduanera.
- Umami presentó su propuesta de cotización el 16 de julio, mismo día que recibió la carta de exclusividad firmada en Beijing.
Asimismo, Umami argumenta ante la ANAM que recibió una carta como distribuidor autorizado de Nuctech el 14 de abril de 2025, misma que apostilló cuatro días después.
Una búsqueda de EL CEO encontró que hay, al menos, otro distribuidor de Nuctech en México, pese a que la exclusividad fue el factor decisivo para la adjudicación directa.
Sin experiencia necesaria para recibir contrato
La autorización para ser proveedor de la ANAM, expedida el 10 de julio, fue necesaria porque los recursos económicos para cubrir el “Servicio de Atención y Solución para Equipos de Inspección no Intrusiva (SASF)” provinieron del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).
Según dicho artículo legal, los particulares —como las empresas— pueden prestar servicios de procesamiento tecnológico y despacho aduanero y se les brindará una autorización siempre que cumplan con dos condiciones:
- tener dos años de experiencia en el servicio que vaya a prestar;
- contar con un capital social pagado de, al menos, 2.5 millones de pesos.
El primer requisito fue incumplido por el contratista.
Según un acta constitutiva en poder de EL CEO, la empresa Umami se fundó el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México con un capital social de 50,000 pesos. Es decir al momento en que se autorizó, tenía apenas un año y dos meses operando.
La experiencia es un rubro en el que se insistió a través de una circular relacionada con la contratación del servicio, en la que la ANAM especificaba que los proveedores que hicieran ofertas debían “demostrar experiencia en la prestación de servicios idénticos o similares”.
Por otro lado, el 16 de junio de 2025, la compañía ingresó al Registro Público del Comercio (RPC) el acta de una asamblea general extraordinaria en la que inyectó 4 millones de pesos a su capital social. Con ello, pudo cumplir el segundo requisito para ser contratista de la ANAM.
Trato entre exfuncionarios de CDMX
El principal socio fundador de Umami Ingeniería Especializada es Jesús Daniel Pérez González, quien fue director general de Administración de Tecnologías en el C5 de la Ciudad de México durante el gobierno local de Claudia Sheinbaum, entre los años 2019 y 2022.
La otra socia es su madre, Irene González Calvillo; en tanto que otros familiares suyos han servido como funcionarios de la organización desde su creación hace año y medio.
Su contraparte en la adjudicación directa también es un excompañero del C5 en tiempos de Claudia Sheinbaum. Se trata de Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, quien actualmente es director general de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros de la ANAM, pero que entre 2018 y 2023 se desempeñó como subdirector de Infraestructura y Mantenimiento en dicho centro de atención a emergencias y vigilancia policiaca.
Según el documento de excepción de la adjudicación, Alcántara Villanueva fue el responsable del área requirente y técnica.
El oficio también está firmado por Juan Carlos de la Torre Morales, quien trabajó en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en el mismo periodo y actualmente es secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia.
El oficio de notificación de adjudicación, por su parte, está firmado por Concepción Flores Monter, quien fue compañera de De la Torre como directora de Recursos Humanos y Servicios Generales en el STC Metro. En la ANAM, funge como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales desde el 16 de febrero.
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