La ofensiva final de la 4T contra el Poder Judicial: así se gestó la reforma
Con la toma de protesta y el inicio de funciones de 881 ministros, magistrados y jueces que fueron elegidos por voto popular en las elecciones del pasado 1 de junio, se cerraron seis años de conflicto entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación (4T).
La toma de protesta de nuevos integrantes del PJF, la joya de la corona de la “reforma judicial”, concluye diversos episodios de conflicto entre dos poderes de la Unión que –prácticamente– inició desde diciembre de 2018, cuando tomó posesión el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además de la selección de los juzgadores por “voto popular”, la “reforma judicial” implementó diversas modificaciones estructurales al PJF. Entre ellas:
- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el número de ministros se reduce de once a nueve y sus periodos en el cargo se acortan de quince a doce años.
- La desaparición de la primera y segunda salas de la SCJN, ya que ahora el tribunal constitucional sesionará en pleno para todos los casos.
- La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas administrativas o de desempeño.
- La creación de un Órgano de Administración Judicial, que también sustituye al CJF y que se encargará de las tareas administrativas, de carrera judicial y del presupuesto del Poder Judicial, excluyendo a la SCJN y al Tribunal Electoral.
¿Pero cómo se desarrolló el conflicto que derivó en la “reforma judicial” y los sucesos que se desarrollan este lunes?
Poder Judicial, el origen del conflicto
La primera etapa de desencuentros entre el PJF y la 4T arrancó desde diciembre de 2018, a los pocos días de la toma de posesión de López Obrador, y se extendió hasta febrero de 2020, cuando Arturo Zaldívar, entonces ministro presidente de la SCJN, presentó la propuesta de reforma “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial”.
Dos hechos encendieron el encono:
- El primero, el “aluvión” de amparos contra la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, en el que la SCJN determinó el tope a la remuneración de funcionarios públicos como “inconstitucional”, pues afectaba derechos adquiridos por los trabajadores, aun si éstos se consideraban legítimos o no.
- El segundo, la procedencia de suspensiones a varios amparos presentados por el colectivo “NoMásDerroches”, los cuales impugnaron la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y su sustitución por un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, lo que por semanas canceló la construcción de la obra prioritaria de López Obrador.
En un primer momento, el expresidente López Obrador cuestionó la neutralidad del PJF, no solo por presentar amparos contra la redacción aprobada bajo la “Ley Federal de Remuneraciones”, sino también por emitir sentencia sobre los mismos. “Esos sueldos no son de gente honesta ni son sensibles ni partidarios de verdad de la justicia”, acusó.
Más adelante, cuando el colectivo “NoMásDerroches” frenó las obras del que ahora es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), López Obrador calificó el “litigio estratégico” como “tácticas dilatorias, chicanadas”, con el fin de “sabotear legalmente la obra”. Aunque, en ese momento, se dijo respetuoso de las resoluciones emitidas por el PJF.
“No vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de derecho y hasta con buen humor, porque no hay que enojarse, somos felices, felices, felices. Relajados, relajados, relajados”, ironizó.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, determinó instruir a un tribunal especializado para resolver el fondo de los amparos de “NoMásDerroches”. Al resolver de fondo, éste determinó continuar con las obras, en tanto que el expresidente López Obrador decidió “blindar” las obras del actual Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) bajo el esquema de “seguridad nacional”.
Arturo Zaldívar, el “mediador”
El 21 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador admitió que “intervino” en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando ésta era presidida por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.
“Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo [como la liberación de Emilio Lozoya], nosotros respetuosamente interveníamos”, confesó durante la conferencia de prensa matutina de ese día.
En efecto, ambos tuvieron una mejor relación de la que Norma Piña tuvo con López Obrador.
Zaldívar tomó posesión como ministro presidente de la SCJN el 2 de enero de 2019. Desde entonces, el presidente López Obrador coincidió con distintas posturas políticas del ministro, quien se mostró mucho más cercano a colaborar con el Ejecutivo Federal.
Por ejemplo, el 15 de enero de 2020, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, anunciaron en el Senado de la República –acompañados por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación– que presentarían una ambiciosa reforma al sistema de justicia penal, supuestamente orientada a reducir la impunidad y la reincidencia de delitos.
Aunque finalmente recularon de la propuesta, ya que Zaldívar y Sánchez Cordero criticaron el borrador filtrado a los medios de comunicación, el sainete sirvió para que el primero presentara la propuesta “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial”, que satisfizo mucho más a López Obrador.
En abril de 2021, el expresidente presentó una reforma para ampliar el mandato de Zaldívar al frente de la SCJN, con el fin de que implementara la reforma judicial. No obstante, la oposición rechazó dicha propuesta por contravenir la Constitución.
Norma Piña, la ministra “adversaria”
El 5 de febrero de 2023, un gesto simbólico de Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, provocó el encono de la administración de López Obrador.
Durante el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta decidió no “seguir el protocolo” y levantarse de su asiento cuando el mandatario de la República hizo arribo al Teatro de la República, en Querétaro.
El acto, aunque no estaba estipulado en ninguna ley, fue leído como una afrenta contra el propio presidente y la 4T. Tras la salida de Zaldívar de la presidencia de la SCJN, López Obrador había quedado sin un contacto de confianza entre los ministros que integran el “Alto Tribunal”.
Norma Piña atajó las críticas resaltando la independencia del PJF frente al Ejecutivo Federal, postura que mantuvo desde que asumió las riendas del “Alto Tribunal” el 2 de enero de 2023.
Previamente, el pleno de la SCJN no solo había dado la espalda a la propuesta de mantener a Zaldívar en la presidencia, y con ello implementar la “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial”, sino que también mantuvo distintas posturas encontradas respecto a los asuntos propuestos por la presidencia de la República.
Los casos más polémicos
López Obrador calificó a la SCJN y a otros órganos del PJF como el “hampa” judicial. El “Alto Tribunal”, presidido por Piña, en aras de defender la “independencia judicial”, se había convertido en un elemento político dentro de la República, particularmente cuando resolvió los siguientes casos:
- 18 de abril de 2023 – Guardia Nacional. La SCJN invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena). López Obrador acusó a la Corte de obstaculizar su política de seguridad;
- Mayo–junio de 2023 – “Plan B” electoral. La Corte anula primero la primera parte del plan (8–9 de mayo) por violaciones graves al proceso legislativo; López Obrador responde que el Poder Judicial “está podrido”. El 22 de junio el Pleno invalida también la segunda parte, tirando por completo la reforma;
- 18–23 de mayo de 2023 – “Decretazo” de obras estratégicas. La SCJN invalida el decreto que clasificaba como “seguridad nacional” las obras insignia (Tren Maya, Dos Bocas, AIFA), con lo que se abrían a mayor escrutinio. El Ejecutivo critica la decisión;
- Octubre–diciembre de 2023 – Fideicomisos del Poder Judicial. El Congreso elimina 13 fideicomisos del PJF; trabajadores protestan. La SCJN y el CJF advierten afectaciones laborales y se litiga su validez; se conceden y luego se revisan suspensiones. El presidente y su gobierno presionan para extinguirlos;
- 5 de febrero de 2024 – Mega-paquete de reformas y reforma judicial. López Obrador presenta una iniciativa constitucional para elegir por voto popular a ministras/os, magistradas/os y juezas/es; la SCJN y organismos nacionales e internacionales advierten riesgos a la independencia judicial;
- Agosto–septiembre de 2024 – Aprobación legislativa de la reforma judicial. La Cámara de Diputados y el Senado aprueban la reforma; crecen las fricciones con la SCJN y el PJF por su implementación;
- 11 de abril de 2025 – Destino de recursos de fideicomisos. El gobierno federal anuncia que fondos retirados al PJF se destinan al ISSSTE, pese a litigios y suspensiones previas; el CJF valora acciones legales;
- 1 de junio de 2025 – Primeras elecciones judiciales. México celebra comicios para renovar miles de cargos judiciales (incluyendo nueve ministras/os), culminación del choque político de años; persisten críticas por impacto en la independencia y la idoneidad de candidaturas.
Con la toma de protesta y el inicio de funciones de 881 nuevos ministros, magistrados y jueces elegidos por voto popular, se cerró el capítulo de conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación (PJF), que se mantuvo prácticamente durante todo el sexenio pasado y el primer año del actual.
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