BBVA solicita impugnación: quiere comprar a Sabadell sin las condiciones del gobierno español

BBVA solicita impugnación: quiere comprar a Sabadell sin las condiciones del gobierno español

La impugnación de BBVA contra las condiciones del gobierno de España no interferirá en su oferta hostil por Banco Sabadell.

BBVA presentó un recurso ante el Tribunal Supremo con el que busca impugnar las condiciones impuestas por el gobierno español para otorgar la aprobación a su propuesta de adquisición de Banco Sabadell. 

De acuerdo con un portavoz de la institución financiera, el recurso no interfiere en el planteamiento de la adquisición hostil de 15,000 millones de euros (mde) que han realizado por la firma con sede en Alicante. 

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Las autoridades españolas habían dado el visto bueno a la transacción; sin embargo, señalaron que la fusión completa de las dos entidades debe retrasarse al menos por tres años, debido a los riesgos que representa para el empleo. 

Según palabras del presidente ejecutivo de BBVA, Onur Genc, dichas condiciones afectarían el plan de ahorro de costos conjunto, el cual está estimado inicialmente en 850 mde. Con la transacción, la institución de Bilbao aspira a convertirse en el segundo mayor banco de España por volumen de crédito, sólo detrás de Caixabank. 

Aunque las condiciones del gobierno español y la venta de la unidad británica de Sabadell, TSB, a Santander podrían representar mayores riesgos para la operación, el banco de Bilbao sigue creyendo que la adquisición crearía valor para los accionistas de ambas instituciones. 


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Comisión Europea aparece en la operación BBVA-Sabadell 

La Comisión Europea ya había dado su aprobación para la transacción y ahora ha vuelto a aparecer para abrir un procedimiento en contra del gobierno español por las condiciones que ha impuesto a la adquisición. 

De acuerdo con la organización regional, la intervención de las autoridades de España en términos de fusiones y adquisiciones están afectando las competencias del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales. 

El gobierno español sostiene que su normativa está plenamente alineada con la de Europa. España contará con un mes para dar respuesta  y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión Europea. 

Con información de Reuters

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