Así es la reforma electoral de Pablo Gómez que revive viejos planes de AMLO
La reforma electoral vuelve a la mesa de discusión luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la creación de una Comisión Presidencial para este fin, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta instancia retomará las iniciativas impulsadas en 2022 por Gómez y Horacio Duarte —conocidas como el “Plan A y B”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador—.
En 2022, López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral acompañado por Horacio Duarte, en aquel entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ambos funcionarios sin competencia directa en materia electoral.
Ellos redactaron el llamado “Plan A”, que buscaba reformar 18 artículos de la Constitución e incluía varios puntos principales —muchos de ellos los mismos que el Ejecutivo promueve ahora—. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada a finales de ese mismo año por la oposición en la Cámara de Diputados.
En respuesta, AMLO envió una segunda estrategia, denominada el “Plan B”, enfocado en modificar leyes secundarias en materia electoral y ampliar la injerencia del Ejecutivo en las elecciones, proyecto que fue aprobado en un proceso legislativo cuestionado y, meses después, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se pone a Pablo Gómez para elaborar un diagnóstico del sistema electoral y de partidos, y a partir de ello promover un paquete de reformas con dos ejes fundamentales. El primero es fortalecer la democracia, y el segundo, reducir costos
explica Rafael Ramos Córdova, experto en derecho electoral.
¿Qué cambios conlleva la reforma electoral?
Entre los cambios propuestos destacan la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), encargado de todos los procesos electorales del país y la reducción del número de consejeros electorales, de 11 a 7 electos por voto popular.
En este contexto, es necesaria una Comisión que garantice “una pluralidad de perfiles y que los perfiles que llegan en realidad sean los idóneos y no aquellos que atienden a una afinidad política”, señala Rafael Ramos.
También se propone la eliminación de legisladores plurinominales y la disminución de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además, se busca limitar el financiamiento público a partidos solo al periodo de campañas y reformar el uso de tiempos oficiales en medios para permitir la difusión de contenidos electorales.
El nivel de impacto de la reforma electoral ha sido calificado como “alto” por diversas voces expertas. Según Integralia, esta iniciativa “merma las garantías para una competencia política libre, equitativa y justa, y limita la representación de los partidos de oposición”.
Centralización de poder y su impacto en la oposición
La reducción del financiamiento a partidos políticos —especialmente si se limita solo a los periodos electorales, es decir, cada tres años— podría favorecer la concentración del poder porque dejaría en desventaja a quienes no cuentan con estructuras sólidas como los partidos pequeños, la oposición o los nuevos partidos.
Pareciera que lo que se busca más que una pluralidad, es una concentración de poder (…) el partido político que sale beneficiado es el que tenga el poder o quien tenga en este momento más acceso a las redes clientelares
dijo Ramos Córdova.
De este modo, sin recursos suficientes, estos actores no podrían formar liderazgos, preparar candidaturas ni ejercer su papel crítico entre elecciones. Esto no solo afecta la competencia política, sino que también puede abrir la puerta al uso de recursos ilícitos para compensar la falta de apoyo estatal, debilitando así la equidad y la integridad del sistema democrático.
Con respecto a la desaparición del INE, un órgano constitucional autónomo que garantiza elecciones imparciales al no depender de ninguno de los tres poderes del Estado, cambiarlo de forma abrupta pondría en riesgo su independencia y equilibrio, advierten los expertos consultados.
¿En qué acabaron los planes de AMLO?
Ya en año electoral, Morena presentó una iniciativa más arriesgada, el “Plan C”, un paquete amplio que incluyó cambios al Poder Judicial y otros artículos constitucionales, aprovechando la mayoría legislativa obtenida en 2024; sin embargo, la reforma electoral quedó fuera de la jugada en aquel momento.
Rafael Ramos sugiere que la reforma judicial prometía escuchar a todos los grupos y hacer un diagnóstico del estado del Poder Judicial, “pero al final parece que no fue ningún diálogo, ni se hizo ningún diagnóstico, sino que el diagnóstico ya estaba hecho, y la propuesta es la que tenían planeada desde hace meses”. Lo que podría suceder con una posible reforma en materia electoral, que impulsará Pablo Gómez.
Perspectivas de la reforma electoral
La presidenta señaló durante su conferencia matutina que prepara una encuesta para que la gente decida si quiere seguir dando recursos a políticos, lo que puede interpretarse como una forma de coerción al presionar a la ciudadanía para reducir ese financiamiento.
En este contexto, Integralia sugiere que la reforma electoral tendría altas posibilidades de cristalizar con Claudia Sheinbaum.
No obstante, “también es importante considerar qué tan viable es que esta reforma prospere, ya que, para su aprobación, es necesario contar con el apoyo del Partido Verde y del PT (…) habría que ver qué tan a favor están estos partidos de la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales”, finaliza Rafael Ramos.
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