Revive caso Pegasus: ¿nuevas leyes de seguridad abren la puerta al espionaje?
El caso Pegasus resurge tras las facultades otorgadas al Estado mediante las nuevas leyes de seguridad. Esto trae a la memoria el uso ilegal del software espía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas como Carmen Aristegui, opositores políticos, familiares de las víctimas de Ayotzinapa e incluso empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea.
Hoy, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, persisten las preocupaciones sobre la posible consolidación de un sistema de espionaje más sofisticado y con respaldo legal. Esto se sustenta en antecedentes como los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se registraron cerca de 500 intercepciones, lo que evidenció la continuidad de prácticas de vigilancia.
En el contexto actual, existen dos leyes clave que han abierto la puerta a especulaciones: la Ley en materia de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que otorgan facultades amplias a la Secretaría de Seguridad que dirige Omar García Harfuch, como la posibilidad de firmar convenios con otras dependencias para interconectar bases de datos.
De este modo, las bases de datos de todas las autoridades de seguridad, fiscalías, policías, incluyendo Ejército y Marina, estarán conectadas.
Además de “la capacidad de suscribir convenios de colaboración con organismos de otros países para el intercambio de información de inteligencia, lo cual podría abrir la puerta a la entrega o la transferencia de datos biométricos o de registros hacia gobiernos de otros países, como ha expresado su interés el gobierno de Donald Trump”, señala José Flores, director interno de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
También incluye la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, que otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acceso a esta infraestructura.
¿Cuáles son los puntos más importantes de las leyes de seguridad?
Dos cambios fundamentales que destacan en esta actualización legal son: primero, los cuerpos policíacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora tienen la facultad de investigar delitos, algo que antes correspondía exclusivamente a las policías de las fiscalías, como la Fiscalía General de la República (FGR).
Visto en positivo, la capacidad del Estado de investigar el delito se amplió de manera importantísima en todo el territorio nacional. Es decir, la Fiscalía tenía una posibilidad súper limitada para investigar el delito desde el punto de vista policial y también pericial
puntualiza Jorge Nader Kuri, socio en Nader Abogados S.C.
El segundo cambio importante es que, junto con la facultad de investigar, se incorpora la Guardia Nacional a estas tareas. Ahora “puede investigar el delito, nada más que ellos de acuerdo con otra legislación, no necesariamente con la legislación de seguridad pública”.
El abogado hace énfasis en que “esto implica un riesgo, porque cuando tú tienes en un país distintas fuerzas policiales dedicadas a lo mismo, puedes generar conflictos entre estas mismas policías, como ya hemos visto en el pasado”. Sin embargo, señala que las nuevas facultades otorgadas a las policías no constituyen espionaje, ya que están sujetas a control judicial y se enmarcan en procesos oficiales.
Si bien este tema ha generado confusión, es importante tener claro que el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que únicamente los jueces de control pueden autorizar la intervención de comunicaciones.
A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que solo el Ministerio Público puede solicitar dicha autorización al juez. Sin embargo, las leyes de seguridad otorgan a la policía otras facultades de investigación que en algunos casos no requieren acudir al juez de control.
Leyes de seguridad y… ¿nueva era Pegasus?
Jorge Nader acepta: “Que la información personal esté en un registro que puede ser consultado por muchísimas personas y que eventualmente puede ser vulnerado electrónicamente, pues claro que es una preocupación que tenemos todos. Ya pasó con el padrón electoral que se filtró y se vendió. O sea, sí, puede pasar. Entonces es un dilema”.
Sin embargo, señala que no es el fin mismo de la ley. “El Estado ni siquiera necesitaba de esta ley para poder espiar”, haciendo alusión al caso Pegasus.
Además, destaca que la digitalización de trámites puede reducir significativamente los incentivos a la corrupción, como ya ocurre con la obtención de constancias de antecedentes no penales, que ahora pueden gestionarse en línea sin necesidad de “coyotes” o intermediarios.
Un llamado a la claridad y supervisión externa
Eunice Rendón, experta en seguridad y directora de Red Viral, señala que, si bien las recientes reformas incluyen elementos positivos —como el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre instituciones—, también existen amenazas.
“No queda muy claro quién vigila estas entidades gubernamentales. ¿Quién se va a encargar de que estos datos no tengan un uso indebido?”, cuestiona.
En este contexto, reconoce que las leyes deben estar blindadas ante posibles abusos, sin depender de la buena voluntad del funcionario en turno. “Nadie es eterno en su cargo, entonces las leyes tienen que quedar de una manera institucional para que sin importar quién esté en esos cargos, nadie pueda vulnerar los derechos de las personas”.
Finalmente, recomienda establecer una supervisión externa e independiente para las instituciones que gestionan la información sensible de los ciudadanos.
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