Violación a los derechos de las empresas, el principal riesgo con la reforma al Poder Judicial
El 15 de septiembre del año pasado se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejando tras de sí diversas dudas sobre lo que esto implicaría para la sociedad mexicana.
Además de las personas físicas, las personas morales también deberán atenerse a la nueva realidad que ha dejado la modificación constitucional, que incluye la elección popular de jueces, ministros y magistrados.
El director de Streiner Buró Anticorrupción, Michel Levien González, señaló que uno de los principales peligros que la elección de jueces ha dejado para las empresas, y que no todas lo tienen contemplado, es el denominado riesgo legal.
El abogado especialista en anticorrupción puntualizó que el riesgo legal puede interpretarse como la falta de un tratamiento adecuado sobre sus casos, ya que las empresas no saben “en qué manos van a caer” sus litigios, refiriéndose a la trayectoria y conocimientos que puedan tener los nuevos representantes del Poder Judicial.
Durante su intervención en el webinar “Retos de transparencia y compliance en la nueva realidad judicial”, Levien González señaló que el desconocimiento de ciertas materias por parte de los nuevos impartidores de justicia podría desembocar en la violación a los derechos de las empresas, lo que finalmente impactaría en la atracción de inversiones.
Aunque las afectaciones serían tanto para organizaciones nacionales como internacionales, las segundas tienen mayores riesgos debido a que también deben cumplir con las leyes de otros países donde operan.
Dudas sobre transparencia acompañan a la reforma al Poder Judicial
La reforma al Poder Judicial no es el único aspecto que ha creado incertidumbre entre las empresas, también lo ha hecho la eliminación o modificación en algunos órganos autónomos.
El abogado hizo hincapié en que el haber retirado la autonomía a algunas instituciones y haber integrado sus funciones a una dependencia gubernamental, con funcionarios afines a las autoridades federales, es un riesgo que podría llevar a un presidencialismo absoluto.
Aunque aclaró que también existe la posibilidad de que tanto los nuevos integrantes del Poder Judicial como los nuevos encargados de las tareas que recaían en los órganos autónomos desempeñen sus funciones de forma eficiente, la incertidumbre no debería existir si la reforma se hubiera implementado correctamente.
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