El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se ha colocado en de la discusión pública del país, una vez más; y es que el conflicto entre la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Ernesto Zedillo, extrajo de las cenizas un tema que parecía enterrado hace más de 20 años.
La carga financiera del “rescate bancario” heredado por el ejecutivo que gobernó entre 1994 al 2000, ha generado ruido durante los últimos días, ya que se estima que los mexicanos continúan financian la deuda pública que asciende a 1.1 billones de pesos; representando una carga para los contribuyentes del pasado, presente y futuro.
Fotoarte: Mariana Flores
¿Se debe pagar el Fobaproa?
Para entender cómo funciona el pago del Fobaproa, se debe saber que anualmente se paga con recursos públicos. Tan solo en 2024, el gobierno federal destinó cerca de 50,000 millones de pesos para continuar pagando los compromisos del “rescate bancario”.
El Fobaproa fue creado en 1990 –tras la nacionalización bancaria– para proteger tanto el patrimonio de los ahorradores como al sistema financiero mexicano. No obstante, su reconversión en deuda pública ocurrió tras la crisis financiera de 1994, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, el cual entró en vigor a partir de 1995.
Desde el año 1998, las deudas del “rescate” se convirtieron en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Distintos gobiernos han mantenido los pagos, a pesar de las críticas por socializar las pérdidas bancarias y afectar las finanzas públicas durante décadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que es momento de discutir una reforma para evitar que este tipo de deudas se prolonguen durante generaciones.
Pero a pesar de lo que muchos puedan creer, no propuso o contempla suspender los pagos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó protección a los bancos, negocio que reporta ganancias históricas. Fotoarte: Andrea VelázquezLo que el destino puede sugerir
Claudia Sheinbaum mencionó que frenar los pagos sin una ruta legal clara tendría consecuencias económicas graves, como la pérdida de confianza en la deuda soberana mexicana y mayor presión sobre las finanzas públicas.
Ante eso, Claudia Sheinbaum dijo que se necesita un diálogo técnico y político para revisar la legalidad del Fobaproa y plantear una alternativa viable sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Aunque la pregunta sobre dejar de pagar el Fobaproa sigue vigente, la realidad es más compleja: México continuará destinando recursos, al menos hasta que haya un cambio estructural, cuyo consenso necesita de la participación de bancos, instituciones financieras internacionales, funcionarios, expertos, y también los ahorradores y contribuyentes.
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