La designación de seis cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte de Estados Unidos empieza a encender las alertas entre el iniciativa privada por las consecuencias que puede llegar a tener no solo en el sistema financiero, sino también en las empresas.
Para dimensionar el impacto que genera esta clasificación está el caso de la empresa francesa Lafarge, una de las cementeras más grandes del mundo, que en el 2022 recibió una multa de Estados Unidos por financiar a grupos terroristas, como a ISIS con 10 millones de dólares, para proteger una planta en Siria entre 2013 y 2014.
Dicho caso se comentó en un foro reciente para analizar el alcance de la medida impulsada por el presidente Donald Trump, y a través de la cual ha ejercido presión más sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, para reconfigurar la estrategia de seguridad.
Aquella sanción de las autoridades estadounidenses causó revuelo porque fue el primer caso en que una empresa tuvo una multa por financiar a organizaciones terroristas, y porque el monto de esta ascendió a 770 millones de dólares.
Dudas en México por lucha contra los cárteles
Con ese antecedente, han surgido diversas dudas sobre lo que se puede esperar en México, por ejemplo: ¿una empresa que sufre de extorsión será sujeta a investigaciones por dar dinero a los cárteles?, ¿cómo actuarán o informarán los bancos en caso de estar frente a una posible investigación?, según plantearon diversos socios y especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Todo dependerá del tratamiento que hagan los fiscales y la interpretación que hagan del Título 18 en el Código de Estados Unidos (USC) en el que se lee que: a “quienquiera que a sabiendas proporcione apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera, o intente o conspire para hacerlo, será multado… o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas, y, si resulta en la muerte de cualquier persona, será encarcelado por cualquier período de años o de por vida”.
Golpe al bolsillo de los mexicanos
El brote de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos parece estar teniendo efectos en el precio del huevo en México, resultado de una mayor demanda del país vecino del norte.
Cifras del INEGI revelaron que, en la primera quincena de febrero, el huevo tuvo una inflación de 15.17% anual, la lectura más alta desde octubre pasado; a tasa quincenal repuntó 5.28%, luego de cinco periodos con caídas y siendo su alza más pronunciada desde abril del año pasado.
En la Central de Abasto de Iztapalapa en la CDMX el kilo se llega a vender hasta en 52 pesos, cuando hace un año se cotizaba a lo mucho en 40 pesos el kilo, según el seguimiento que realiza a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
Desde la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) nos comentan que esta alteración provocará que los hogares en México reduzcan el consumo de huevo, con lo que se dejará de comprar por kilo para adquirir algunas piezas.
Despedida del Coneval
Con la extinción de organismos autónomos, el Coneval instó a que en las leyes secundarias se garantice la continuidad en la generación de información para el monitoreo de la pobreza y evaluación de políticas públicas, una tarea que estará a cargo del INEGI.
En los 19 años de vida del Coneval se generaron 3,329 evaluaciones de programas y acciones federales de desarrollo social o el desarrollo de productos como las Líneas de Pobreza por Ingresos o el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza.
Lo interesante de este cambio es cómo actuará el INEGI hacia delante, pues actualmente solo divulga los indicadores sin fijar una postura del impacto que tiene en las familias mexicanas.
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