El aspecto más crítico de la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) radica en el manejo de los recursos y en la exclusión del papel de supervisión que desempeña la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En conferencia de prensa, Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que el proyecto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y cuya discusión en la Cámara de Diputados fue pospuesta para un análisis más detallado en 2025, genera inquietud debido a los cambios propuestos en la gestión de los recursos, actualmente resguardados en fondos de inversión.
De acuerdo con la empresaria, el equilibrio tripartita se ve alterado con esta reforma, ya que el gobierno adquiere el poder absoluto sobre los recursos aportados por trabajadores, patrones y la autoridad, lo que rompe con la esencia de un modelo balanceado y participativo.
No puede ser posible que no se entienda que el modificar y se quede con el poder absoluto el gobierno y sea que tenga las decisiones
comentó.
En ese sentido, la reforma también elimina “mecanismos esenciales” de rendición de cuentas, dificultando el seguimiento del destino y la administración de los recursos, cuyo monto asciende a 2.2 billones de pesos.
Ortega también enfatizó que los fondos no se encuentran en cuentas corrientes, sino en inversiones consideradas seguras.
“No están en una cuenta corriente, si no están invertidos en fondos de inversión seguros”, comentó.
Enunció que antes de esta reforma, la CNBV jugaba un papel fundamental en los consejos del Infonavit, evaluando la seguridad y viabilidad de las inversiones para garantizar el bienestar de los trabajadores.
“Se veía la seguridad de a dónde se podía invertir (…) para el bien de los trabajadores”, ahondó.
Llamado a analizar la reforma al Infonavit
Ortega destacó que parte de los organismos empresariales no solo están inconformes, sino que tienen un papel crucial en este tipo de discusiones debido a su carácter de órganos obligados de consulta.
No somos asociaciones civiles y en ese sentido merecemos y tenemos el derecho de participar y levantar la voz por el bien de nuestros industriales, pero también de los trabajadores
dijo.
En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la Unión para evitar que la reforma se apruebe de manera apresurada.
“Lo primero será hacer un llamado a la Cámara de Senadores, de Diputados, que sean responsables, que se den el tiempo necesario de estudiar, que no hagan reformas fast track y que luego tengan consecuencias”, añadió.
La líder empresarial también resaltó la necesidad de parlamentos abiertos y de escuchar a todos los sectores involucrados, especialmente porque estas reformas afectan directamente los derechos de los trabajadores y la estabilidad del sector industrial.
Te puede interesar:
