Octubre trajo consigo una serie de manifestaciones que captó la atención de la capital. Dos eventos sobresalieron por su intensidad y por el eco mediático: el primero, el 22 de octubre, frente a una reunión privada de Global Businesses Inc.; el segundo, el 31 de octubre, en pleno Polanco, durante la Expo Negocios Inmobiliarios (EXNI) en el hotel Camino Real, todos enfocados en el sector inmobiliario.
A simple vista, parecía una confrontación entre la desarrolladora inmobiliaria y un grupo de 100 familias reclamando la devolución de una inversión que, según los manifestantes, alcanza los mil millones de pesos. El motivo alegado: incumplimientos en la entrega de viviendas de los desarrollos Skyhaus Rise, Grand y Luxe. Pero el caso, lejos de ser un asunto claro, comienza a develar un trasfondo mucho más complejo.
Cifras que no cuadran y dudas que persisten en el sector inmobiliario
En una ciudad marcada por una crisis de vivienda, las protestas por proyectos incumplidos no son novedad. Sin embargo, ciertas inconsistencias en esta narrativa llaman la atención. Algunos manifestantes no pudieron identificar el desarrollo donde adquirieron su propiedad o siquiera señalar qué departamento reclaman. A esto se suma la ausencia de denuncias formales en los tribunales.
Más intrigante aún es la discrepancia en las cifras. Si el monto de los reclamos es de mil millones de pesos, implicaría propiedades con un valor promedio de 10 millones cada una. No obstante, los desarrollos señalados apenas cuentan con 39 unidades que se acercan a esos valores, un dato que pone en tela de juicio la magnitud del conflicto planteado.
La crisis inmobiliaria: un trasfondo estratégico
La industria del sector inmobiliario de la CDMX no escapa a su contexto. Desde 2018, los permisos de construcción se redujeron drásticamente en un intento por regularizar un sector plagado de irregularidades. A esto se sumó la pandemia, que llevó a la quiebra a casi la mitad de las desarrolladoras de la ciudad. En cifras, la construcción de viviendas pasó de 20,421 unidades anuales en 2017 a apenas 2,110 en 2024.
En medio de esta adversidad, surgieron fideicomisos como los 3317/2019 y 3778/2020, liderados por Global Businesses Inc., propiedad de Federico Cerdas, conocido como “El Rebelde de la Vivienda”, y fondos extranjeros como ICM Asset Management, administrado en México por Scott Salazar Myers y Oscar Ricardo Portillo Rojano.
Estas alianzas buscaban reactivar el sector, pero lo que comenzó como una colaboración prometedora terminó en una disputa abierta. ICM acusa a su socio de incumplimientos, mientras Global señala conflictos de interés, falta de aportaciones capital por parte del fondo canadiense y falta de cooperación para cumplir con los fines del fideicomiso.
Protestas o maniobras estratégicas
Es aquí donde las protestas adquieren otra dimensión. Más que una expresión espontánea de familias afectadas, los eventos recientes podrían ser parte de un juego de presión en una disputa corporativa. En este contexto, las manifestaciones no solo buscan influir en la opinión pública, sino también forzar movimientos estratégicos en la mesa de negociación.
El caso plantea interrogantes más amplias: ¿estamos ante un legítimo reclamo ciudadano o ante una estrategia en una disputa empresarial? Lo cierto es que, en una ciudad donde la crisis de vivienda es una constante, hasta los conflictos entre grandes corporativos pueden disfrazarse de lucha social.
Mientras tanto, la industria inmobiliaria sigue enfrentando desafíos monumentales, atrapada entre regulaciones estrictas, rezagos económicos y una recuperación que parece lejana. Este episodio, lejos de ser un caso aislado, podría ser solo el reflejo de una industria en transformación y de las tensiones inherentes a los intereses en juego.
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