El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, el cual proponía invalidar la reforma al Poder Judicial, que consiste principalmente en la implementación de la elección popular para jueces y ministros.
El debate se centró en la interpretación de los votos necesarios para declarar la invalidez del proyecto de reforma.
Según el planteamiento original, bastaban seis votos de los once ministros para invalidar la propuesta; sin embargo, durante la discusión, se concluyó que se requerían ocho votos para que la reforma fuera rechazada, considerando la configuración actual del Tribunal. Este punto clave fue determinante en la resolución del asunto.
El proyecto fue desestimado con un total de siete votos a favor y cuatro en contra. Los ministros que se opusieron a la iniciativa fueron Alberto Gelacio Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
En contraste, los votos a favor provinieron de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, así como de Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.
Importancia del proyecto
En su exposición del proyecto, González Alcántara detalló el contexto y el alcance de la reforma. Como primer punto, indicó que el proyecto parte de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación para modificar al Poder Judicial.
Uno de los puntos clave del dictamen es la reducción del número de ministros de la SCJN, pasando de 11 a 9, quienes tendrán un periodo de 12 años en sus cargos.
Además, se estipula que las autoridades competentes tendrán un plazo máximo de seis meses para dictar sentencias. En caso de no cumplir con este plazo, deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora, o bien, dar vista al órgano interno correspondiente.
La reforma al Poder Judicial también establece los requisitos necesarios para ser electo como magistrado de circuito, juez de distrito, o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los mecanismos para la designación en casos de defunción, renuncia, o ausencia definitiva de alguno de sus integrantes.
En cuanto a la administración y control interno del Tribunal Electoral, el dictamen señala que esta responsabilidad corresponderá al órgano de administración judicial, mientras que los temas relacionados con la disciplina del personal estarán a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
Este tribunal será el encargado de resolver conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como entre la SCJN y sus empleados.
El Tribunal de Disciplina Judicial también tendrá la facultad de investigar, sustanciar, y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público, o a la adecuada administración de justicia.
En ese sentido y luego de la exposición por una mayoría de ocho votos, la SCJN declaró la legitimidad de los partidos políticos para impugnar este proyecto de reforma, lo que abrió paso a la discusión sobre los alcances de la elección popular de jueces y magistrados.
Implicaciones de la reforma al Poder Judicial
La Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña, subrayó la trascendencia histórica de este debate, calificándolo como “un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para la nación”, ya que es la modificación total de uno de los tres poderes políticos que tiene México.
En sus palabras, la resolución de este caso quedará registrada en los libros de historia de México y será observada rigurosamente tanto por la sociedad como por la comunidad jurídica, tanto a nivel nacional como internacional.
“Somos conscientes del peso histórico de esta discusión”, declaró Piña, añadiendo que la SCJN se encuentra en una posición crucial para resguardar la Constitución y los principios fundamentales del Estado.
La Ministra Margarita Ríos Farjat señaló que hay “preocupación” por el proyecto de reforma al Poder Judicial, este pueda fragmentar la cohesión del sistema judicial mexicano y abrirlo a una dinámica llena de decisiones políticas, como lo ocurre en el Legislativo.
“El punto de la discusión en realidad es otro y que tiene que ver con la autonomía de ese poder (…) El constituyente dotó a cada poder de autonomía y autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo las cosas que le atañen de manera directa”, dijo.
Por lo que hizo un llamado a preservar la integridad del Poder Judicial como un “bastión de justicia” y equidad para todos los ciudadanos.
Debate interno
Durante el proceso de análisis sobre la legitimidad y procedencia, Pérez Dayán expresó su desacuerdo parcial con el proyecto de revisión, sin que esto implique necesariamente que emitirá un voto en contra en el fondo del asunto.
“Se está desmantelando la estructura del Poder Judicial de la Federación”, afirmó.
(Esta historia se actualizó a las 20:31 horas).
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