La reforma energética para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresen a su estatus como empresas públicas del Estado recibió el aval de 20 congresos locales, por lo que el Senado de la República la turnó a la Cámara de Diputados para su declaratoria correspondiente y posterior promulgación.
Durante la sesión de este jueves en la Cámara Alta, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, llevó a cabo el acto solemne para dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la legalidad de las reformas constitucionales.
La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas
indicó.
Las entidades que dieron su aval a la reforma constitucional son: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Pemex y CFE retoman su estatus de empresas públicas
La reforma que devuelve a la CFE y a Pemex su estatus de empresas públicas, con lo que el Estado mexicano retoma el control sobre los recursos energéticos, fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y respaldada por la nueva mandataria federal, Claudia Sheinbaum.
Los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), impusieron su mayoría en ambas cámaras para la aprobación de la iniciativa, argumentando que con ésta se da un paso decisivo hacia la recuperación de la soberanía energética del país, la cual se perdió con las reformas energéticas de 2013, la cuales debilitaron a las empresas estatales.
La reforma energética modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de fortalecer el papel de Pemex y CFE como actores centrales en la política energética del país, priorizando la seguridad y autosuficiencia de las mismas.
En lugar de ser consideradas “empresas productivas del Estado”, cambio aprobado durante la administración de Enrique Peña Nieto, ambos entes retomarán su carácter de “empresas públicas”, lo que marca un retorno al enfoque de garantizar el acceso a la energía como bien social y no como una actividad meramente comercial.
Además de la preeminencia de la CFE en el despacho de energía, la reforma incluye disposiciones que podrían permitir una mayor participación privada en el sector energético, aunque siempre bajo la supervisión del Estado.
Con información de Reuters
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