Sin la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sería mayor el espacio para que las gasolineras cometan conductas irregulares perjudicando al ciudadano de a pie, advirtió Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta, en entrevista con EL CEO.
Lo anterior en un marco donde el nuevo gobierno federal ha señalado que están “contadas las horas” de los organismos reguladores por la mayoría calificada.
Sus palabras son eco de la reciente sanción impuesta a 52 gasolineras, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) y 18 directivos, quienes deberán pagar 437.9 millones de pesos por manipular los precios de la gasolina entre 2014 y 2021.
Este golpe, explicó Marván Saltiel, ilustra cómo la política de competencia es una herramienta fundamental para proteger el bienestar de la población.
Sin la Cofece, sin un órgano con la capacidad de investigar y sancionar, estos abusos habrían pasado desapercibidos, multiplicándose y afectando aún más el ya frágil bolsillo de los mexicanos.
Antecedente de Cofece con gasolineros
No es la primera vez que la Cofece actúa contra la manipulación de precios en el sector energético. Hay un antecedente desde que se creó este órgano y es la investigación que se centró en Baja California.
“Se llevó a cabo una investigación hace tiempo en la que se sancionó a los gasolineros, específicamente en Baja California, esto por llevar a cabo acuerdos para manipular el precio”, comentó.
Pero esta segunda vez el alcance fue nacional, revelando un acuerdo generalizado para fijar las tarifas máximas de los combustibles y otros cinco pactos regionales en ciudades clave: Mérida, Irapuato, Tuxtla Gutiérrez, León y Pachuca.
Cada gasolinera se alineó al unísono, como si una mano invisible dictara la hora exacta para subir los precios, una sincronización que desnudó un acuerdo deliberado para manipular el mercado.
“En Mérida, por ejemplo, una de cada cinco gasolineras participó en este esquema, 20%; en Irapuato, una de cuatro, el 25% de los establecimientos se sumaron al acuerdo”, puntualizó Marván Saltiel.
Estos porcentajes revelan la magnitud del daño, disfrazado de normalidad en el día a día del consumidor, mientras los márgenes de ganancia crecían a expensas del pueblo.
Un mediador entre los consumidores y empresarios
La Cofece, “más que un mero observador”, se erige como un guardián en un escenario donde el interés privado, en ocasiones, toma ventaja sobre la ley.
Marván Saltiel subrayó la importancia de que la Comisión siga siendo un órgano autónomo, capaz de actuar con independencia para investigar y sancionar, sobre todo en sectores tan sensibles como el energético, donde una violación a la Ley de Competencia afecta directamente al bienestar colectivo.
En medio de debates sobre la posible eliminación de órganos autónomos, la presidenta de Cofece defendió el rol del organismo.
Según ella, el diálogo constante con actores públicos y privados ha sido clave para demostrar los beneficios tangibles que la política de competencia ha traído a la población.
No se trata solo de imponer multas, sino de hacer que los beneficios de la competencia lleguen a todas y todos
subrayó.
El golpe directo al bolsillo
La gasolina no solo representa un gasto importante para las familias, sino que también repercute en el costo de otros bienes y servicios, aseguró la comisionada.
Según datos del INEGI, en 2022, las familias destinaron en promedio 1,687 pesos mensuales a la compra de combustibles. En los sectores de menores ingresos, este gasto puede equivaler a un 10% de sus recursos mensuales, lo que agrava aún más la carga.
“Es un monto considerable que afecta directamente al bolsillo de la población”, remarcó Marván Saltiel.
¿A quién multó la Cofece?
De acuerdo con el comunicado de la Cofece este 15 de octubre, se multaron a 52 gasolineras, a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) y a 18 directivos por un total de 437.9 millones de pesos.
“Los sancionados conspiraron de manera ilegal y en perjuicio de los consumidores finales para manipular los precios de la gasolina regular y premium entre 2014 y 2021”.
Entre las conductas ilegales sancionadas, destaca que 15 gasolineras y dos directivos, con la coadyuvancia de la Amegas, celebraron un foro de gasolineros donde acordaron no bajar los precios de la gasolina entre 2014 y 2017, por lo que recibieron una multa de casi 28 millones de pesos.
Las gasolineras sancionadas forman parte de Grupo Combustibles y la gasolinera Colón.
Se suma que 13 gasolineras de Grupo Megasur, Grupo Enerkom y Grupo Lodemo, junto con tres directivos, fueron multadas con más de 315 millones de pesos, por manipular precios entre marzo de 2020 y junio de 2021. Esta conducta tuvo lugar en Mérida, Yucatán.
También 18 gasolineras pertenecientes a Grupo Casimiro, Grupo Hernie, Grupo Express-Bajío, Grupo Insurgentes, Grupo Presidentes, Arandas y Villas, localizadas en Irapuato, Guanajuato, así como seis directivos, fueron multadas con casi 70 millones de pesos. Las acciones ilegales las hicieron en 2018.
“Las gasolineras Nandalumi e Iván Hugo Combustibles, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, además de dos directivos recibieron una multa de más de 12 millones de pesos por coordinar precios entre enero y diciembre de 2018”.
Las gasolineras Casper y Centauro ubicadas en León, Guanajuato, además de dos directivos fueron multadas con casi cuatro millones de pesos por manipular precios entre enero y agosto de 2018.
Tres gasolineras que forman parte de Grupo Hidrocarburos Hidalgo, Grupo Gesa y Grupo Flores ubicadas en Pachuca, Hidalgo, así como tres directivos fueron multadas con más de coho millones de pesos por realizar estas prácticas entre enero y octubre de 2018.
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