Con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), modificando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Este cambio marca un punto de inflexión en la gestión del sector, sobre todo para el eléctrico, con la propuesta de que el Estado, a través de empresas públicas, asuma el control de la transición energética y la administración del sector.
De acuerdo con el proyecto, se modifica la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La reforma elimina el concepto de “empresa productiva del Estado” para establecer el de “empresa pública del Estado”.
El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la Nación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
se lee en el documento presentado.
La gestión del servicio de internet y la planificación del sistema eléctrico nacional también quedarán “exclusivamente” en manos del Estado, “buscando preservar la seguridad energética y ofrecer electricidad al menor costo, sin fines de lucro”.
En cuanto al litio, se prohíbe otorgar concesiones, mientras que se establece que las leyes determinarán cómo los privados podrán participar en el sector eléctrico, sin prevalecer nunca sobre las empresas públicas del Estado, cuya prioridad será garantizar la responsabilidad social y el acceso universal a la electricidad.
Este es el séptimo dictamen aprobado desde el inicio del periodo ordinario de sesiones en septiembre, y fue producto de trabajos regionales desde febrero hasta abril.
Defensa de la reforma energética
Durante la discusión, la diputada de Morena, Magda Erika Salgado Ponce, defendió la iniciativa argumentando que garantiza la autosuficiencia energética, fomenta la transición hacia energías limpias y crea condiciones para fortalecer la economía.
“La reforma hará efectivo el derecho humano de acceso a la electricidad y equilibrará la participación de los sectores público y privado”, afirmó.
Añadió que la reforma pretende erradicar el lucro en el suministro eléctrico y garantizar un abasto a menor costo.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez, subrayó que la reforma no excluye a la iniciativa privada.
“No estamos eliminando a las empresas privadas, solo estamos ajustando el porcentaje de participación: la CFE gestionará el 54% del sector y las privadas el 46%”, explicó.
Desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Alejandro Pérez Cuéllar destacó que el dictamen garantiza el acceso universal a servicios esenciales como la electricidad y el internet.
“Estas reformas son más que un simple cambio legal; son un acto de justicia. La CFE volverá a ser una empresa pública al servicio del pueblo, no de intereses privados”, afirmó.
Oposición y críticas
Por parte de la posición. La diputada María Josefina Gamboa Torales del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la centralización del control en la CFE y Pemex eliminará la competencia, ahuyentará la inversión privada y pondrá en peligro la eficiencia del sistema energético.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) también condenó la reforma, señalando que contiene ambigüedades y un fuerte componente ideológico que “podría afectar la competitividad de México y poner en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
“Esta reforma es una regresión jurídica que nos hará perder inversiones”, advirtió.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, subrayó que las empresas públicas han sido ineficientes para satisfacer la demanda energética del país.
“La reforma pone en riesgo los avances que hemos logrado, y las empresas del Estado no son suficientes para atender la exigencia de energía que requieren los mexicanos”, afirmó.
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