La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impugnarán el fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor de una empresa minera y cuyo socio es el panista Diego Fernández de Cevallos.
La dependencia, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que después de dos años, el pasado 17 de septiembre, la mayoría del tribunal del CIADI emitió un fallo a favor de Odyssey Marine Exploration que obliga al Estado mexicano a pagar una indemnización por 37.1 millones de dólares.
Lo anterior porque el gobierno mexicano negó el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
Entre 2016 y 2018, el gobierno mexicano negó la manifestación de impacto ambiental del proyecto “dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
Por lo que la empresa Odyssey Marine Exploration inició el arbitraje internacional en marco del desaparecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La SE explicó que la obra en Baja California Sur se iba a realizar a una distancia de 12 millas marinas (22,224 metros) del punto más cercano a la costa de la península, en un área de 61,989 hectáreas.
El proyecto buscaba extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 35 millones de arenas toneladas fosfáticas tribadas y secadas para su transporte.
Ante el tribunal internacional, el gobierno mexciano argumentó que el proyecto afectaba a la flora silvestre, integrada por lobos marinos, ballenas y tortugas.
También, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aportó evidencia de la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, debido a que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Según el gobierno mexicano, la compañía Odyssey Marine Exploration quería implementar técnicas de dragado “marino que no habían sido puestas en práctica en ningún lugar del mundo”.
Fallo contra gobierno mexicano no fue unánime: Secretaría de Economía
En el boletín la Secretaría de Economía detalló que el fallo del tribunal internacional no fue de manera unánime. Para la dependencia, el CIADI dio “un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de impacto ambiental de la Semarnat, presentados como testigos por parte de la empresa minera”.
Los testigos declararon que la negación de la manifestación de impacto ambiental se “debió a situaciones políticas y no científicas”, por ejemplo, que los socios de la empresa son el político Diego Fernández de Cevallos y el empresario Alonso Ancira.
Por su parte, la defensa del gobierno mexicano demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés “al recibir pagos cuantiosos por testificar”.
Sin embargo, estos “señalamientos no fueron tomados en cuenta por la mayoría del tribunal”.
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