El municipio de Tototlán, Jalisco, se convirtió en el epicentro del robo de combustibles, o mejor conocido como huachicol, en México. Durante el primer trimestre de 2024 fue el municipio que concentró el mayor número de tomas clandestinas detectadas, con un total de 181, de acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Dentro del Top 10 de municipios donde el huachicol parece ganar terreno, en segundo lugar destacó Parras en Coahuila con 177 tomas clandestinas reportadas, seguido por Ayotlán, Jalisco, con 128 incidentes registrados.
La lista sigue con Huauchinango, Puebla, con 114 incidentes y Atotonilco el Alto, Jalisco, con 111.
Tamaulipas también enfrenta desafíos significativos, con Altamira registrando 104 tomas clandestinas. Hidalgo, particularmente el municipio de Cuautepec de Hinojosa, informó de 91 casos.
En Guanajuato, Pénjamo se presentaron 78 tomas clandestinas y en General Bravo, Nuevo León, se contabilizaron 73.
Jalisco: el estado con los mayores problemas de huachicol
Del Top 10 de los municipios con el mayor número de tomas clandestinas detectadas en el periodo de enero-marzo de este año, Jalisco es la más afectada.
En este estado de la región Occidente se concentró el 44% de las tomas clandestinas registradas en los municipios que integran el Top 10, con 500 tomas de un total de 1,137 detectadas en Jalisco.
La magnitud del problema en Jalisco incluso se ve cuando, en febrero de 2024 se produjo un suceso extraordinario en Tototlán, donde más de 2,000 personas tuvieron que ser evacuadas debido a una fuga provocada por la perforación de un ducto de Pemex.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el aumento de estas actividades ilícitas no solo impacta económicamente, sino que también pone en riesgo la integridad de la infraestructura y la seguridad de las comunidades.
El problema del huachicol exige una respuesta coordinada y efectiva, como la implementación de tecnologías avanzadas de monitoreo, el fortalecimiento de los marcos legales y la colaboración entre autoridades y ciudadanos son esenciales para frenar esta tendencia y proteger los recursos energéticos del país.
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