La agencia calificadora Moody’s estima que hasta 2027 el déficit fiscal se ubicará en niveles de 3% del Producto Interno Bruto (PIB). La proyección difiere a la que tiene Hacienda de reducirlo de 5.9% a 3% en 2025.
En entrevista con EL CEO, el vicepresidente senior de Moody’s, Renzo Merino, explicó que como calificadora tienen una visión diferente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La esperada “consolidación fiscal se daría de una forma más gradual” ya que aún esperan que en 2025 el déficit todavía siga por encima del 4%.
Para el próximo año estamos esperando un déficit todavía por encima del 4%. Dada nuestra efectiva un ajuste gradual, podríamos estar hablando de un déficit entre cercano al 3% hacia el 2027. Quizás ahora esto mucho depende de las propuestas de ajuste que realicen la próxima administración
dijo Merino.
El entrevistado consideró que reducir el déficit de casi 6% a 3% del PIB “va a ser muy difícil”. Entiende que uno de los puntos de la administración actual, es que si se completan las grandes obras de infraestructura en 2024, el próximo año el gasto debería ser menor.
El Tren Maya tiene un gasto de 120,000 millones de pesos en 2024; los proyectos para construir y conservar las obras hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 39,475 millones de pesos; proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación y de transporte, 35,133 millones de pesos.
El desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 21,059 millones de pesos y la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, 4,000 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
La SHCP ha señalado en los Precriterios Generales de Política Económica 2025 que el incremento del gasto público, en el contexto de la culminación de los principales proyectos prioritarios de infraestructura, tendrá su componente más fuerte en 2024.
De esta manera, para 2025 se prevé un menor déficit público respecto a lo estimado para este año, lo cual permitirá que la deuda pública como porcentaje del PIB se mantenga constante y en una trayectoria sostenible, aseguró la SHCP.
Gastos rígidos presionan el déficit y carga de la deuda
No obstante, hay “gastos rígidos”, dijo Renzo Merino. “Hemos resaltado que en los últimos años ha habido un aumento en algunos gastos que son rígidos, que son difíciles de ajustar a la baja o de contener simplemente por temas inerciales”.
Entre los gastos rígidos están los pagos de intereses de la deuda y el incremento en el gasto social, particularmente en el pago de las pensiones contributivas y no contributivas.
De acuerdo con el analista, actualmente se está esperando que la carga de la deuda del gobierno empiece a subir por el pago de intereses; mientras el gobierno de México gasta dos puntos porcentuales del PIB en pagos de intereses, la calificadora prevé que ese número se acercará a tres puntos.
“Hay un punto más de gasto relacionado a los intereses y eso es algo que en parte está un poco fuera del control del gobierno”, mencionó el analista de Moody’s.
El gobierno destinará 1.2 billones de pesos para pagar intereses de la deuda en este año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto.
“¿Qué ocurre con las tasas de interés y los pagos de interés?, la carga el interés también es otro elemento muy importante en nuestro análisis fiscal”, dijo.
El pago de las pensiones ha venido creciendo en los últimos años y se espera que sigan creciendo y ello representa otro punto de presión, dijo.
El gobierno federal destinará 1.9 billones de pesos para pagar pensiones del IMSS, ISSSTE, CFE, así como las pensiones del Bienestar.
“Hay que considerar que toda nueva administración va a tener sus propias prioridades de gasto, incluyendo la administración de la presidenta electa. ¿Entonces, cómo acomodar esos nuevos gastos? (…) por ese motivo, creemos que hay espacio limitado para reducir el déficit de gran manera, solo por el lado del gasto”, comentó.
El analista de Moody’s también dijo que, del lado de los ingresos, el ajuste también es limitado, aunque los ingresos tributarios “sí hay espacio para quizás buscar opciones que no sean necesariamente subir tasas impositivas, sino más bien que busquen ampliar la base tributaria”.
Pemex podría limitar la capacidad del gobierno federal
A este escenario, Renzo Merino señaló que también se pone sobre la mesa la necesidad del apoyo financiero para Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ya sea por la deuda o por pérdidas operativas, podría limitar significativamente la capacidad del gobierno federal para ajustar sus políticas fiscales e impactar en la calificación soberana.
Merino indicó que, aunque se esperan más detalles sobre las políticas fiscales para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, y de las reformas constitucionales propuestas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, el panorama se volverá más claro cuando se publiquen los Criterios Generales de Política Económica 2025, ahora programados para septiembre.
Moody’s ya incorporó el riesgo de necesidad de más apoyo gubernamental por parte de Pemex en el análisis crediticio soberano. Sin embargo, la situación financiera de la empresa petrolera se ha deteriorado, lo que aumenta la preocupación sobre su impacto en la hoja de balance del gobierno.
“Vemos (…) el riesgo de que algún tema relacionado con Pemex pueda contaminar la hoja de balance del gobierno, ya sea la cartera, los intereses o los flujos a través del déficit”, señaló.
Según Merino, aunque el gobierno ha amortizado parte de la deuda de Pemex en los últimos años, aún quedan aproximadamente 80,000 millones de dólares en bonos pendientes, lo que supone una carga considerable para las finanzas públicas.
Uno de los escenarios considerados por Moody’s es un cambio legal en la figura de empresa productiva del Estado que permitiría al gobierno federal asumir explícitamente la deuda de Pemex, lo cual incrementaría la carga de la deuda gubernamental.
Otro posible escenario es que el gobierno continúe haciendo transferencias anuales para cubrir la deuda de Pemex, lo que tendría un impacto gradual en el déficit fiscal.
El analista también señaló la posibilidad de una reacción negativa de los mercados ante estos escenarios, lo que podría aumentar el costo de financiamiento del gobierno y añadir presión a las cuentas fiscales federales.
“El 2025 se perfila como un año crucial para el financiamiento y la estrategia de apoyo a Pemex bajo la nueva administración. Las políticas que se implementen podrían tomar tiempo en surtir efecto, por lo que es fundamental entender el plan y la estrategia que se diseñará para los próximos años”, sostiene.
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