La aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Minera resultaría en afectaciones para las empresas del sector y modificaría sus inversiones, de acuerdo con análisis de casas de bolsa e instituciones financieras.
El proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso a finales de marzo propone una serie de modificaciones a la legislación vigente que cambiarán por completo la faz de la extracción minera, consideró Intercam Banco.
La institución financiera consideró en una nota de análisis que de avalarse la reforma tendrá un gran alcance, con efectos puntuales sobre las inversiones.
El cambio propuesto hace muy compleja la extracción del subsuelo, ya que las inversiones son de muy largo plazo y generalmente son intensivas en capital, por lo que la reducción en el tiempo de la concesión desincentiva nuevas inversiones
dijo Intercam.
Para la casa de bolsa Vector, los cambios propuestos reducirían la rentabilidad de las futuras concesiones mineras, al aumentar los costos y reducir su duración.
“Si bien creemos que hasta el momento los precios de las acciones de las empresas mineras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no se han visto impactados por la iniciativa, más adelante no se puede descartar que esto ocurra”, apuntó Vector.
En lo que va del año, el precio de las acciones de la mayor parte de las mineras en la BMV acumulan avances, liderados por Grupo México, con 22.3%; seguido por Peñoles, con 12% y Frisco, con 9.8%; mientras las de Autlán muestran un ligero retroceso de 0.9%.
Principales cambios
La reforma enviada por el presidente prevé modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Entre los puntos destacados de la reforma, está el cambio en la duración de las concesiones que pasa de 50 a 15 años, con posibilidad de prorrogar en una ocasión por un lapso similar al concedido.
El procedimiento de otorgamiento también cambia, ya que solo se otorgarán mediante una licitación pública, tras la realización de una consulta previa a las comunidades.
Se elimina el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera y se establece el pago de una contraprestación mínima de 10% de las utilidades a las comunidades que habitan en la zona de explotación.
Además, se elimina el carácter preferente de la actividad minera y quienes deseen obtener una concesión deberán contar previamente con una de agua para minería.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha entregado concesiones nuevas al considerar que su gobierno busca proteger al medio ambiente y que las más de 25,000 concesiones existentes son producto de la “fiebre” por la actividad minera de sexenios previos.
A discusión
La iniciativa aún debe pasar por un proceso de discusión antes de ser votada, por lo que es probable que atraviese por cambios e incluso que no sea aprobada, apuntó Vector.
Mientras tanto, algunos grupos ya se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, la Cámara Minera de México (Camimex) advirtió en un posicionamiento que las modificaciones pueden tener “fuertes repercusiones” y socavar las perspectivas de crecimiento de la industria.
En tanto, el colectivo Cambiémosla Ya consideró positiva la propuesta y dijo que sienta las bases para cambiar las reglas de la minería y combatir los atropellos que han cometido estas empresas por 30 años.
