La mayor tragedia ambiental de los últimos años ocurrió en Sonora en 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi, cuando una falla en la válvula de un estanque de lixiviados en la Mina Buenavista, propiedad de Grupo México de Germán Larrea, generó el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado.
Este accidente que provocó muchas repercusiones tanto a nivel social como económico, al afectar a más de 22,000 personas.
Contaminación del Río Sonora
La falla en las instalaciones ocurrió el pasado 6 de agosto de 2014 cuando la solución acidulada de sulfato de cobre (CuSO4) fueron derramados en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.
El derrame provocó que las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaran los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame, indicó el Centro Nacional para la Prevención de Desastres en 2019.
Datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicaron que en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas.
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María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente de la actual administración, informó en 2021 que se contaminaron 288.8 kilómetros del Río Sonora.
Acciones insuficientes de Grupo México
Poco después del derrame, el 19 de agosto de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que presentaría una demanda contra la subsidiaria de Grupo México Buenavista del Cobre para determinar responsables de los daños ambientales.
La denuncia denuncia penal fue desestimada en 2018, decisión que se apeló, pero donde la resolución sigue pendiente.
Para atender las afectaciones se creó el fideicomiso Río Sonora por la cantidad de 2,000 millones de pesos para llevar a cabo un programa de remediación, pagar por las afectaciones materiales o daños a la salud humana.
En 2017 se extinguió el compromiso al considerar que se había cumplido con el programa y que no había resarcimiento ni solicitud de restitución de pago pendientes, pero organizaciones como PODER denunciaron que apenas se entregó el 10% de los apoyos comprometidos.
Durante 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que Grupo México no cerrara el fideicomiso al considerar que éste no cumplió con el proceso de reparación de daños.
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Grupo México afirma que ya cumplió con las medidas de remediación insiste en que las demandas que ha recibido por daños y perjuicios a raíz del derrame carecen ce fundamento.
“La compañía cree que estos juicios no tienen fundamento. Por consiguiente, la compañía se está defendiendo enérgicamente contra ellas”, indicó en su reporte anual de 2021.
