La reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo incumple con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también con los acuerdos que hizo México con otros 11 países en el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP, por su sigla en inglés).
Desde el TLCAN y ahora con el T-MEC existe una figura que se denomina Medidas en proyecto y permite a las naciones solicitar consultas e incluso iniciar un arbitraje contra un país que tenga medidas que consideren que violan el tratado, expuso Aristeo López, consultor en comercio exterior y partícipe de la negociaron del T-MEC en el sector energético.
Si Estados Unidos, Canadá o países del TIPAT consideran que esta medida viola el tratado pueden activar este mecanismo (…) legalmente se puede y tienen la vía para cuestionar una medida en proyecto
explicó López a EL CEO.
Estos acuerdos comerciales no tenían una limitación en el mercado de generación eléctrica, con lo que no debe existir un tratamiento discriminatorio y esta reforma genera una distorsión entre los jugadores que son los privados y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la que se hace la ley a su favor, expuso.
La división de 54%-46% de mercado que se propone en la reforma no deja claro los límites, ya que la enmienda constitucional dice que CFE podrá seguir proporcionando energía por lo menos al 54% y los privados en no más al 46%,.
“Es un desbalance porque si CFE dice mañana: ya no nos gustó el 54% y mejor queremos el 65% porque la ley nos lo permite, entonces, los privados van a tener que jugar en una cancha más pequeña porque están sujetos a las decisiones de la CFE. Los privados tienen tope y CFE un piso”.
Lee también: Reforma al sector eléctrico de AMLO abona más incertidumbre
Exportaciones comerciales, las sacrificadas
El exnegociador técnico del TLCAN, Kenneth Smith, comentó que en caso de que los países con los que México tiene acuerdos comerciales, soliciten una consulta para revisar la reforma y se resuelva a su favor, las sanciones podrían ser reflejadas no solo en la industria eléctrica, sino también en las principales exportaciones comerciales.
Si se resuelve a favor de Estados Unidos por una indemnización de 1,000 millones de dólares, las represalias no tendrían que ser directamente en el sector eléctrico, sino que podrían irse contra las exportaciones del sector automotriz, agropecuario, acero u otros, expuso Smith en una entrevista radiofónica.
T-MEC: el ADN de los autos confronta a México y Canadá vs Estados Unidos
Un análisis de Morgan Stanley señala que la reforma podría tener un impacto en las empresas en general debido a los mayores costos de la electricidad, especialmente para los propietarios y compradores de activos como las empresas industriales, metalúrgicas y mineras.
En tanto, Citibanamex indicó que la aprobación no solo provocaría costos de alrededor de 85,000 millones de dólares en daños potenciales, sino que afectaría la perspectiva macroeconómica de México que resultaría en la pérdida del grado de inversión del país.
Reforma es una “expropiación indirecta”
La reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador, si bien no habla de nacionalizar al 100% la industria, sí representa una “expropiación indirecta”, en la que se establecen medidas que afectan las inversiones y operaciones de las empresas.
Aristeo López explicó que en derecho internacional existe un concepto que se denomina “expropiación indirecta”, en el cual no se requiere que haya una transferencia de activos de privados a gobiernos como sucedió con la expropiación petrolera de 1938.
Sin que exista esta transferencia y con las medidas del gobierno, se tiene un efecto similar como si se hiciera una expropiación directa porque hacen inservible la inversión o la empresa. No necesitas nacionalizar un tornillo, con el simple hecho de adoptar una serie de medidas, puedes hacer que una empresa deje de ser funcional
Puedes leer: Reforma eléctrica complica panorama de calificación a CFE … y la soberana
La reforma a la industria eléctrica propone que la CFE sea la empresa preponderante al generar, transportar, distribuir y comercializar la electricidad que requiere el país, al quedarse con el 54% del mercado y el 46% restante quede en manos de los privados.
Además, propone eliminar a los reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y también sugiere que la CFE absorba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Lo anterior representa una situación desfavorable para las empresas privadas que han invertido en un sector en el que México se comprometió a mantener la libre competencia, aseguró López.
