Descongelar la nueva Ley de Hidrocarburos será un proceso que llevará cerca de dos años, debido a que los juzgados han recibido más de 7,000 amparos que no se han resuelto, y a que es previsible que la inconformidad de los afectados sea resuelta en otras instancias.
El próximo 4 de octubre se cumplirán cinco meses de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, el cual está en vigor desde el 5 de mayo pasado.
Aunque las reformas se encuentran vigentes desde el día siguiente de su publicación, algunas fueron suspendidas en junio pasado por los Jueces de Distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Los jueces Primero y Segundo de Distritos, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, otorgaron suspensiones definitivas con efectos generales en contra de algunos de los artículos de dicha reforma.
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Por otra parte, el segundo tribunal Colegiado ha desechado demandas donde se alega una afectación por el solo hecho de que la reforma entró en vigor, y el jueves pasado, el Primer Tribunal desechó una más que interpuso una empresa.
Se vence plazo para ampararse
Julia González Romero, asociada senior del despecho de abogados González Calvillo, expuso que el 15 de junio pasado venció el plazo para presentar las demandas de amparo en contra de la reforma a la Ley de hidrocarburos.
Esto, si se consideraba que era autoaplicativa, es decir, que causaba daño por su mera entrada en vigor.”Pero son tantas demandas, que a más de tres meses no se acaban de admitir”, expuso.
Si se presentaron muchos amparos en contra de la ley de la Industria Eléctrica, ahora, contra la Ley de Hidrocarburos son tantos que a pesar de que el plazo venció el 15 de junio, aún no los terminan de admitir y los tribunales ya tiene más de 7,000 expedientes
mencionó.
Explicó que cuando una ley se publica y alguien considera que por su mera existencia causa un daño, puede defenderse mediante una amparo indirecto contra una norma que se considera autoaplicativa.
En el caso de la Ley de Hidrocarburos, las reformas al articulo 4 y 6 transitorio establecieron que las autoridades pueden revocar los permisos que caigan en algún incumplimiento de esta regulación y que no cumplan con el requisito de almacenamiento mínimo, y fue esta disposición la que ocasionó miles de amparos.
Carlos Flores, especialista del sector energético, comentó en su cuenta de Twitter que el proceso para resolver todas las inconformidades que generó la reforma, podría concluir hasta la parte final del sexenio.
Consideremos que probablemente los fallos a esos eventuales juicios no serán la última instancia. El asunto escalará, bien pudiéndose llevar un par de años
mencionó al referirse a los tribunales que desecharon las demandas.
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Al respecto, Julia González, señaló que para descongelar la Ley, primero se tienen que resolver los miles de amparos.
“Hasta ahora, esos artículos suspendidos no se le están aplicando a nadie, ni se le podrán aplicar a nadie hasta que se levante la ultima suspensión o se deseche la última demanda”, reiteró.
Incluso, si la reforma se descongelara y hubiera afectados con su aplicación, estos podrían presentar otro juicio de amparo indirecto.
El mayor impacto será cuando se descongele
Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que el impacto de la Ley de Hidrocarburos será a mediano plazo, es decir luego de que entre en vigor y los permisos de las empresas sean revocados.
“Hay que esperar la resolución de los tribunales o el estado final de los litigios. Probablemente esto no va a acabar en los tribunales colegiados, es decir, hay que esperar en caso que llegue a las siguientes instancias”, declaró.
González destacó que el Senado de la República no está recibiendo notificaciones de las suspensiones provisionales a la reforma.
Entonces hay muchos juicios que no han podido avanzar. Es decir, se admiten las demandas, se otorga la suspensión provisional, pero no la suspensión definitiva porque no se ha podido notificar al senado, aseguró la abogada.
Por eso la importancia de ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a confirmar o a desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores
agregó.
En junio pasado, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición por las reformas a la Ley de Hidrocarburos, pero la Corte la desechó debido a la ausencia de firmas autógrafas en los documentos entregados.
