El gobierno mexicano ofrece a Pemex un descuento al derecho de utilidad compartida (DUC) que debe pagar, comparada con otras empresas petroleras. Este descuento no es suficiente para garantizar la rentabilidad sostenida de la empresa y provoca que el gobierno pierda ingresos cuando decide asignar campos a la compañía mexicana.
“No hay ninguna razón para dar este descuento más allá de que si a Pemex no le damos dinero no tendrá para cubrir sus gastos”, explicó Carlos López Jones, Director de Consultoría en Tendencias Económicas y Financieras.
Destacó que el gobierno mexicano está asignando nuevos campos a Pemex, a quien cobra un DUC de 54%, a pesar de que ya hay acuerdos con empresas privadas para cobrar un 70% por el mismo concepto. “Eso es lo que no suena lógico”, dijo.
Para las arcas mexicanas, el descuento a Pemex significa dejar de percibir cerca de 30,000 millones de pesos, lo cual tampoco es suficiente para mantener a la empresa a flote en el largo plazo.
“Simplemente estamos pateando el bote. Estamos hablando únicamente de 30,000 millones de pesos ahorita y tal vez 40,000 más adelante. Si consideras que tan solo a proveedores (Pemex) les debe 293,000 millones te das cuenta de que los apoyos son muy pequeños”, señaló López Jones.
La razón principal para el establecimiento de estos apoyos, entonces, podría no ser totalmente económica.
“El Presidente siempre se mueve con un cálculo político, y esto se tiene que ver así. Si salimos de ese contexto y hacemos un análisis económico de una empresa estatal tienes una empresa atrapada en un círculo vicioso donde le exigen barriles de producción porque necesitan los ingresos”, explicó Rosanety Barrios, analista del sector.
La experta advirtió que existe una diferencia fundamental poco comentada entre Pemex y otras petroleras, que justifica lo que algunos analistas han calificado como un esquema fiscal “injusto” para la compañía: la fuente de la inversión para actividades de riesgo.
“Pemex no pone el dinero, sino que usa dinero de nuestros impuestos para producir. En los contratos quien pone el dinero es un privado, entonces el costo del financiamiento y la toma del riesgo no es del estado”, dijo Barrios.
Esta circunstancia provoca que el gobierno tenga facilidad para solicitar a Pemex contribuciones en cualquier momento, pues es el mismo gobierno quien está a cargo de asumir el riesgo y de implementar “rescates” a la compañía en caso de ser necesarios.
Para Barrios, la única forma de salir de este esquema es utilizar las herramientas de la reforma energética para permitir que Pemex resulte rentable y se haga cargo de su propio riesgo mientras el Estado continúa percibiendo ingresos por concepto de contratos con empresa privadas.
“Pemex probablemente iba a quedarse con menos campos petroleros, pero eso no es un problema si lo que queremos es que la empresa sea rentable. Bajar el DUC a Pemex es algo que (con la reforma) iba a pasar a medida que hubiera otros ingresos”, dijo Barrios.
Ahora, el gobierno ha decidido asignar campos sólo a la empresa que tiene el descuento, sin intentar aumentar sus ingresos extra.
López Jones también aclaró que el elemento que más favorecerá a Pemex en 2021 será el precio del crudo, que actualmente se encuentra sobre 60 dólares por barril, 20 dólares por encima de lo que la compañía había estimado.
“Pemex exporta un millón de barriles diarios, estás hablando de 145,000 millones de pesos de ganancias por el incremento en el precio del petróleo, si es que el precio del WTI se mantiene por encima de los 60 dólares, y todo hace suponer que sí”, destacó el experto.
Esto quiere decir que, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, el desempeño de Pemex dependerá mayoritariamente de elementos fuera del control del Ejecutivo y de la petrolera mexicana.
