La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se realizará esta semana ha dado mucho de qué hablar. Desde los fallos en los mecanismos de aplicación hasta los problemas legales, expertos en el tema han externado sus dudas sobre la validez (y la pertinencia) del ejercicio.
A pesar de que el equipo de Andrés Manuel López Obrador anunció que abriría el tema a la opinión pública desde julio, no fue sino hasta octubre que se empezaron a conocer los detalles. De entre ellos, el financiamiento y la organización son los dos que más polémica despiertan entre encuestadores y analistas. ¿Por qué?
1. ‘El que las paga, las gana’
Aunque Enrique Calderón Alzati, director de la Fundación Arturo Rosenblueth, encargada de contabilizar los votos, dijo que no cobrará por hacerlo, saber cómo se cubrirán los gastos asociados con la impresión de las boletas y la logística general de la consulta se ha vuelto un tema sensible para el equipo de transición.
El lunes, Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social del gobierno de López Obrador, anunció que la consulta costará 1.5 mdp, aproximadamente. El financiamiento, explicó, correrá a cargo de legisladores federales de Morena, que voluntariamente aportarán cuotas por medio de depósitos que se publicarán posteriormente.
“El hecho de que haya anunciado que (la consulta) estará financiada por legisladores de la fracción de Morena le da, de entrada, un sesgo que la hace frágil”, dijo Adrián Villegas, coordinador general de investigación y desarrollo de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica.
En el ideal, quienes realizan este tipo de ejercicios no deben responder a intereses políticos ni económicos vinculados a alguna de las partes, explicó.
“Lo ideal sería que lo organizara una institución que está debidamente preparada para hacer consultas para toda la ciudadanía y que tiene marco jurídico para hacerlo, como es el INE”, para dar mayores posibilidades para que los ciudadanos asistan y controlar el proceso, consideró.
López Obrador “dijo varias veces, en las campañas de 2006 y 2012 que él no creía en las encuestas porque ‘el que las paga, las gana’”, dijo Alonso Cedeño, socio de la consultora Estrategia en Línea.
“Parece una justificación a las propuestas de campaña del presidente electo para no quedar mal”, consideró Paul Valdés, director general de la consultora Parámetro. El experto señaló que es poco recomendable someter a votación el proyecto de infraestructura pues es un ‘navajazo’ a la credibilidad del gobierno frente a los mercados.
Los efectos que prevé Valdés ya están presentes en el mercado de deuda. El precio del bono colocado para financiar el NAIM ha perdido 13.88% desde su colocación en 2017. Ahora, su precio es de 87.75 dólares.
2. Sin medidas de control
En un escenario óptimo, las consultas públicas deben tener medidas para garantizar que cada ciudadano sepa dónde debe votar y que solo pueda participar una vez. La falta de estas medidas de control puede generar sesgos en la información, lo que contaminaría el ejercicio.
En el caso de la consulta sobre el NAIM, solo será necesario presentar la credencial electoral en la mesa de votación, indica la página mexicodecide.com.mx, aunque no explica el procedimiento para corroborar que no haya duplicidad en los votos.
La página tampoco da la ubicación exacta de las mesas. Solo indica que “en el 75% de los municipios se instalará una mesa de la consulta en la plaza principal de las cabeceras municipales”, sin especificar en dónde.
Tampoco queda claro si los electores podrán votar solo en su lugar de residencia o si la participación puede darse en otros lugares.
“No hay medidas de control, ¿quién te dice que no podrás votar cuatro veces en cuatro mesas?”, cuestionó Cedeño.
El especialista explicó que, a pesar de tener que presentar la credencial de elector para poder participar, no se sabe con qué padrón se validará el voto, pues el INE no puede proporcionarlo. Además, en caso de que se marque la credencial, no tendría carácter oficial.
“Esta decisión está fuertemente matizada por los alcances reales que tienen en tiempo y en presupuesto”, explicó Villegas.
3. Voto interesado
Quiénes serán los encargados de las mesas es otro tema que despierta sospechas.
“Una consulta hecha como lo haría el INE implicaría que cada persona en la mesa estuviera insaculada al azar, no conformada por voluntarios”, apuntó Villegas. De esa manera, se puede garantizar que haya una representación amplia de la sociedad.
“El hecho de que sea voluntario y sean organizaciones de la sociedad civil las que se encarguen de la instalación, aplicación y conteo (de los votos) nos estaría dando una perspectiva de que quieres están a cargo de este ejercicio no son representativos de todos los que conforman el espectro, sino solo de un cierto lado”, apuntó.
Esta posibilidad cobra fuerza cuando se considera que entre las organizaciones y académicos que forman parte del consejo de la consulta, hay opositores abiertos al proyecto de Texcoco.
El Barzón Nacional y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) aparecen como firmantes del movimiento #YoPrefieroElLago, que está abiertamente contra la construcción aeroportuaria.
Académicos que aparecen en el consejo, como Víctor Manuel Toledo y Armando Bartra, entre otros, también han alertado sobre problemas ecológicos por la obra.
“Ya no sabes si los empresarios, los sindicatos, los militantes de algún partido político o hasta los mismos trabajadores de una de las contratistas van a ir a votar porque tienen un interés manifiesto en el proyecto”, consideró Cedeño.
4. Una pregunta que despierta interrogantes
La pregunta de la consulta, publicada en el sitio mexicodecide.com.mx es otro punto conflictivo. Para entenderla a cabalidad se necesita tener un conocimiento amplio sobre las implicaciones de ambas obras.
“En principio, indica que debe haber un conocimiento más o menos generalizado de los costos y las ventajas de cada uno de los proyectos, lo cual no existe de entrada”, indicó Valdés.
“Uno quisiera pensar que hicieron pruebas” para garantizar que todos los ciudadanos que quieran participar entiendan las implicaciones de la pregunta, dijo Villegas.
La relevancia de este paso no es menor, pues al realizarse a nivel nacional, existe la posibilidad de que algunos participantes no conozcan las implicaciones de las opciones, señalaron los expertos.
Solo 28% de los mexicanos reportó haber visto o escuchado debates sobre el NAIM, reporta la Tercera encuesta nacional sobre el Nuevo Aeropuerto, publicada por Consulta Mitofksy el 8 de octubre.
5. En 538 municipios… o menos
A pesar de que el equipo de transición de López Obrador ha dicho que el ejercicio democrático se realizará en 538 municipios de las 32 entidades federativas, el listado de los mismos publicado en el sitio mexicodecide.com.mx presenta inconsistencias, pues solo aparecen 527.
Este error podría estar asociado con la metodología usada para seleccionar los lugares donde se realizará la consulta, explicó Adrián Villegas.
“Lo que debieron hacer fue ordenar de menor a mayor por población según los conteos del INE”, pero en algunos municipios es tal la cantidad de votantes que se dividen en dos o más. En ese caso, la metodología “sería válida”, señaló.
Para Paul Valdés, sin embargo, esta selección podría propiciar sesgos.
“La consulta está enfocada en 538 municipios. El tema es qué tipo de población está interesada en este tipo de consulta, lo cual te implica un sesgo. Eventualmente podrán acudir aquellas personas que tengan cierto interés o puedan ser movilizadas por grupos específicos que se mueven en torno a intereses políticos o económicos”, consideró.
Complicaciones legales
Existe un tema que va más allá de la metodología de la encuesta que resulta problemático para la consulta en general: A pesar de que el equipo de transición dice que se acatarán los resultados, este ejercicio de participación ciudadana no es de carácter vinculante porque no es legal.
La Ley Federal de Consulta Popular establece al Instituto Nacional Electoral (INE) como responsable de la organización y desarrollo de estos ejercicios, y señala que las consultas ciudadanas deben efectuarse durante las jornadas electorales.
De acuerdo con esta legislación, quienes pueden solicitar las consultas son: el presidente de República (en funciones), los legisladores federales – si la iniciativa alcanza 33% de aprobación en alguna de las Cámaras – y la ciudadanía, en caso de lograr que la moción tenga respaldo de al menos 2% del padrón electoral.
“Ninguno de esos requisitos se cumple, por lo que carácter de consulta pública, legal y constitucional no tiene”, dijo Cedeño.
Jesús Ramírez, el próximo coordinador de Comunicación Social del gobierno de López Obrador señaló el pasado miércoles que la consulta sí será vinculante y legal.
“No se trata de una consulta ilegal ni inconstitucional”, señaló en el Foro Escucha: El aeropuerto frente a todas las alternativas, organizado por su partido en el Congreso del Estado de México.
