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9 de abril 2019 | 7:24 pm

México es uno de los países con más ciberataques en Latinoamérica y su nivel de reacción es de media tabla, aseguran especialistas en ciberseguridad.

Y es que una de las ventajas que tienen los atacantes en el país es que el número de denuncias es bajo.

De las cerca de 204 millones de transacciones electrónicas que se realizan al año en México, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene únicamente 1,500 quejas,

dijo el director general de la Asociación Mexicana de Ventas Online, Pierre-Claude Blaise, durante una rueda de prensa.

La cifra representa apenas el 0.0007% de las transacciones.

El seguimiento a las denuncias es casi nulo, a diferencia de Estados Unidos, donde quien comete este delito puede pasar tres o más años en la cárcel.

“Hay vacíos legales y esto no era una prioridad hasta ahora”, agregó el presidente de la organización ISACA en la Ciudad de México, Roberto Hernández.

De los tres millones de fraudes que hay al año, la mayor parte se debe al robo de identidad, mismo que se comete en 96% de manera presencial, en restaurantes, bares o supermercados al momento de entregar la tarjeta, dijo Blaise durante el anuncio del próximo foro Infosecurity México.

Pymes, las más vulnerables

El vacío legal no es el único asunto que preocupa cuando se habla de fraudes electrónicos. En 2018, cerca de 8,000 millones de dólares se perdieron en el mundo por este problema. 

En México las más desamparadas son las pequeñas y medianas empresas. Solo el 6% cuenta con una infraestructura de ciberseguridad que puede hacer frente al problema, de acuerdo con el Show Director de Infosecurity México, Juan Manuel Rodríguez.

“En México solo 64% de las transacciones electrónicas son aceptadas por los bancos por sospecha de fraude, ante esto, las empresas pierden”, añadió Blaise.  

El costo transaccional de los fraudes es de hasta 3.4 veces el valor real del producto, ya que hay varios “costos ocultos”, como el reemplazo de la mercancía y comisiones con los bancos, entre otros.

“Se habla mucho de los consumidores pero poco de las empresas, cuando éstas también resultan muy afectadas”, destacó Blaise.

Tan solo el fraude del SPEI se llevó cerca de 300 millones de pesos.