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Ricardo Sánchez Reyes Retana pasó su infancia al lado de sus padres y sus dos hermanas en la colonia Del Valle de la capital del país. Eran una “típica familia clasemediera y chambeadora”, como él mismo la define.

 

Estudió la preparatoria en la Universidad La Salle y tras graduarse, entró a la carrera de Derecho penal en la Universidad Marista de México.

 

Su paso por los juzgados del país inició en 1994, medio año antes de comenzar la licenciatura, bajo la tutela de Raúl Cervantes, fundador y director general del despacho CEA Abogados.

 

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Cervantes fue titular de la extinta Procuraduría General de la República entre 2016 y 2017. Ahí fue señalado de presunto encubrimiento de las denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos que pesan actualmente sobre César Duarte Jáquez, a quien actualmente defiende Sánchez Reyes Retana.

Todavía como estudiante de Derecho, Sánchez Reyes Retana comenzó a trabajar en el bufete Aguilar y Quevedo, dirigido por el Alonso Aguilar Zinser, a quien describe como “el mejor abogado de este país” y actualmente representa legalmente al expresidente Peña Nieto. 

 

Durante el tiempo que trabajó en ese despacho, su mentor representó a Raúl Salinas de Gortari – hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari -, a quien logró liberar en 2005, tras pasar 10 años en prisión por el asesinato de su excuñado, el político priista Juan Francisco Ruiz Massieu.

En 2009, Sánchez Reyes Retana se estableció de manera independiente y ahora despacha, desde un coworking o espacio compartido de trabajo, en el sur de la Ciudad de México.

 

Lo que nos gusta es que aquí llegas directo a trabajar. No nos preocupamos ni por pagar el internet, explica mientras atraviesa los pasillos cristalinos del piso en el que trabaja de lunes a sábado.

Actualmente, Sánchez Reyes Retana se encarga de la defensa de Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte desde el 17 de julio de 2017 en cumplimiento de una condena de cuatro años y medio por asociación delictuosa y otra, también por cuatro años y medio, por lavado de dinero.

 

Al exgobernador veracruzano se le responsabiliza de la desaparición de más de 60,000 millones de pesos durante su gobierno, al cual renunció el 12 de octubre de 2016 tras meses de presiones y cuestionamientos públicos.

 

Es acusado de dirigir una red de empresas fantasma que se benefició con contratos gubernamentales, principalmente de políticas sociales, tras la publicación de una investigación periodística del portal Animal Político. 

 

Luego de abandonar el cargo de manera prematura, la PGR emitió una orden de aprehensión en contra de Duarte el 17 de octubre de 2016, pero para entonces Duarte y su esposa, Karime Macías, ya habían escapado. El político considerado hasta unos años antes como la “sangre nueva” del PRI huyó de Veracruz a bordo de un helicóptero que le facilitó su sucesor interino, Flavino Ríos Alvarado.

 

Javier Duarte fue capturado el 15 de abril de 2017 por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la recepción de un hotel de lujo en el Departamento de Sololá, según la versión que dio en ese momento el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue desmentida el 15 de julio de este año con la publicación de un video, donde el exgobernador asegura que se entregaría a las autoridades mexicanas.  

 

En el material, Duarte de Ochoa asegura que negoció su entrega para poder defenderse legalmente de las acusaciones en su contra, a cambio del cese de la “persecusión” a su familia.

 

El exmandatario veracruzano contrató a Sánchez Reyes Retana en 2018, que dio un cambio de timón a la estrategia de defensa que hasta entonces había llevado Marco Antonio Del Toro.

 

Javier Duarte se declaró culpable por asociación delictiva y lavado de dinero en septiembre de ese año, orillado por “presiones”. dice su abogado. Sin embargo, esa no es la última palabra en el caso.

 

Sánchez Reyes Retana trabaja actualmente en una estrategia para dejar a su cliente en libertad valiéndose de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se declara inconstitucional el uso de información financiera sin orden judicial previa. Así, pretende invalidar pruebas presentadas contra su cliente.

De manera paralela atiende el caso de César Duarte, a quien califica como un “gran amigo” suyo y una víctima del sistema judicial mexicano, que permite las imputaciones por testimonios “privilegiados”.

 

El exgobernador de Chihuahua es acusado por su sucesor en la administración estatal, Javier Corral, de desvío y disposición indebida de más de 1,000 millones de pesos del erario público, además de delitos electorales.

 

En 2017 Corral entregó 70 tomos y 50 discos compactos con pruebas que presuntamente sustentan las 21 órdenes de captura y de extradición que se han emitido contra Duarte Jáquez desde que dejó la gubernatura en 2016.

 

Corral acusa a Duarte Jáquez por dirigir una red de funcionarios que “a manera de delincuencia organizada” dispuso de más de 1,000 millones de pesos para su beneficio. 

 

El desvío de recursos, al igual que en el caso de Javier Duarte en Veracruz, se realizó a través de 14 empresas fantasma que vendían escobas, camionetas, chalecos antibalas, escritorios y despensas, entre otros artículos.

 

Las pruebas directamente responsabilizan a Duarte Jáquez, dijo Corral en una conferencia en la que detalló las investigaciones sobre su antecesor.

De mediados de 2017 a la fecha, la justicia mexicana ha emitido al menos 21 órdenes de aprehensión en contra de Duarte, por las que se han interpuesto amparos. 

 

Para Sánchez Reyes Retana, el actual sistema judicial mexicano permitió que los verdaderos responsables incriminaran a su cliente, pues se valieron de la figura de testigos privilegiados para evadirse de consecuencias penales. 

 

Una de las personas que incriminó a César Duarte en calidad de testigo fue el exsecretario de finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, a quien la fiscalía chihuahuense detuvo en 2017 por el desvío de 63 millones de pesos.

 

Para el abogado, estas situaciones evitan que se haga justicia. 

 

Hay pruebas de que yo me enriquecí y para que no me tuerza la ley voy y digo que tú, como eras mi superior jerárquico, fuiste el que me dijo que delinquiera. Entonces yo me quedo con mi patrimonio, con lo robado y a ti que eras mi superior te hundo en la cárcel con todas las consecuencias de mis actos, ejemplifica. 

 

El litigante se dice orgulloso de tener la amistad de la familia Duarte Jáquez y asegura que hará todo lo que esté a su alcance para exonerar al exgobernador y para demostrar que sus acusadores son los verdaderos responsables del desvío millonario.

Entre los casos controversiales en los que ha participado Sánchez Reyes Retana también están algunos exmilitares. Aunque evita revelar sus nombres, es de conocimiento público que defendió al general Tomás Ángeles Dauahare, militar retirado que llegó a ser subsecretario de la Defensa Nacional entre 2006 y 2008 bajo las órdenes de Felipe Calderón Hinojosa.

 

Dauahare fue acusado en 2012 de presuntos nexos con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva, y con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Fue preso en el Centro Federal de Readaptación Social ‘Altiplano’, en el Estado de México, de donde salió 11 meses más tarde, gracias a la labor de defensa de Sánchez Reyes Retana.

 

Ni este caso ni los de los exgobernadores han representado para el abogado un problema moral o ético. Sus límites, cuenta, están en otro tipo de casos. Por ejemplo, nunca defendería a nadie imputado por secuestro, violación o pederastia. 

 

En sus propios términos, la justicia es solo una pero tiene varias directrices y todos tienen derecho a una representación digna, así como al principio de presunción de inocencia.