20 de enero 2020 | 5:00 am

El pasado 11 de enero circuló en redes sociales y entre esferas de abogados una versión no oficial del proyecto que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, presentaría un día después ante algunos miembros del Senado y del gabinete presidencial.

El miércoles, después de que Gertz pronunciara un discurso, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, anunció que las reformas al sistema judicial mexicano que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018 se harían públicas hasta el 1 de febrero.

La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia fueron las instancias responsables de desarrollar el proyecto de ley que contiene nueve iniciativas, según presume, con el fin de enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive México.

Pese a que no es la versión definitiva, de acuerdo con la metadata de ciertas imágenes, ésta fue difundida desde las mismas instalaciones de la FGR y ya prendió focos rojos en más de un actor político del país.

La presunta iniciativa buscaría, entre otros retrocesos en materia de Derechos Humanos, permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios de carácter fiscal y electoral.

La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales -como intervenir comunicaciones privadas sin autorización de un juez- es nula.

No obstante, el boceto judicial acepta que actos considerados ilegales en el proceso de investigación por parte de autoridades no implique “automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.

Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa.

Para aplicar las presuntas enmiendas jurídicas, se contempla modificar 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 5º, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122) en materia de procuración de seguridad y justicia.

También ocho leyes, un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, además de una modificación a la Ley de la Fiscalía General y su reglamento.

Aunque permanece la prohibición absoluta del uso de intervenciones de comunicaciones en litigios de carácter administrativo, civil o familiar, abogados consideran que la medida es violatoria de derechos fundamentales.

Isabel Davara, Socia Fundadora y Directora de Davara Abogados, un despacho que se especializa en Derechos de Tecnología de la Información, asegura que el borrador es una violación al principio general de derecho y de estipulaciones de tratados internacionales a los que México está suscrito.

“Los operadores están obligados a cooperar con las autoridades competentes; deberían ser los organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que deberían fungir como un contrapeso legal efectivo al interponer alguna acción legal”, dijo Davara en entrevista con EL CEO.

Las consecuencias que su aplicación representan una grave lesión a los derechos de privacidad.

De acuerdo con la especialista, ya se han aprobado disposiciones controvertidas que lesionan estos derechos como los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobadas en 2013, que obligan a los concesionarios y autorizados de servicios de telecomunicaciones a colaborar con instancias de seguridad justicia mediante la comunicación de información relacionada con líneas telefónicas, como la geoubicación.

“Los particulares pueden tener acceso al juicio de amparo indirecto (amparo contra leyes) para la defensa de sus derechos”, detalló.

Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico para la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, considera preocupante la intención de modificar el texto de la Constitución para dotar de mayor cualidades al Ministerio Público.

“No sólo las autoridades podrán violar las comunicaciones, sino que en cierto sentido los particulares también podrían hacerlo porque este efecto constitucional cambiaría la regla”, apuntó.

Carrasco fue el abogado representante en el caso ‘Pegasus’, mediante el cual varios periodistas mexicanos fueron espiados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sobre este, refirió que los dispositivos móviles de algunos periodistas como Daniel Lizárraga y Salvador Camarena fueron contaminados con un malware llamado Pegasus, que fue adquirido por el gobierno de una empresa israelí a cambio de 40 millones de dólares.

Aunque le dieron seguimiento, no hubo implicaciones ni responsables imputados. El asunto parece ser distintas en la actual administración.

En 2019 hemos sufrido dos hackeos al sitio, mediante el congelamiento del mismo o la modificación de contenido. Todo después de haber presentado investigaciones relevantes

Carrasco explicó que la invasión digital no está suficientemente regulada en el Código Penal.

“Ello representa un problema normativo y presupuestal, pues las penas son muy bajas y el Ministerio Público no cuenta con expertos suficientes para atender la problemática”.

Señala que el escenario de su aprobación es grave, dado que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) no podría otorgar amparos, aunque contravenga normas generales que protegen los Derechos Humanos, a menos que cambien sus criterios.

“Los propios integrantes del proceso legislativo, como miembros de la oposición, son quienes podrían hacer algo al respecto. Lo recomendable sería que no aprobaran, ni siquiera en lo general, la iniciativa de Ley”, dijo.