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12 de marzo 2019 | 5:42 pm

Yasmín Esquivel Mossa fue nombrada este martes ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a los cuestionamientos de organizaciones civiles y la oposición de algunos senadores de la República.

La nueva ministra fue elegida con 95 votos a favor, 19 en contra y un nulo.

Esquivel, quien compitió en la terna por sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos con Loretta Ortiz y Celia Maya García, es señalada por su relación con José María Riobóo, uno de los contratistas más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y quien realizó el proyecto para el aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo, estas no son las únicas cuestiones que ponen en entredicho su independencia.

“El tema es que, además de ser cercana al grupo en el poder, su desempeño como magistrada (del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México) está marcado por conflictos de interés. Esa es una preocupación”, dijo en entrevista con EL CEO Laurence Pantin, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa.

Dentro de los conflictos de interés en los que se ha señalado a Esquivel Mossa se cuentan la autorización para construir la Supervía Poniente y por supuestamente favorecer a personas no idóneas ni calificadas para cargos en el sistema de justicia.

La magistrada ha rechazado la existencia de conflictos de interés y asegura que sus credenciales para el cargo están en las dos décadas que ha sido juzgadora.

“Retroceso en los derechos humanos”

Además de los conflictos de interés, otro aspecto que genera inconformidad con la designación entre la sociedad civil son las respuestas que dieron las candidatas durante su comparecencia ante senadores el 4 de marzo.

“Según las respuestas de las candidatas, si alguna llegase a ser nombrada a la Suprema Corte, podría consumarse un grave retroceso en materia de protección de los derechos humanos en el país, no solo reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte, sino también en la propia jurisprudencia de la Corte”, escribieron el lunes en un comunicado conjunto la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

En la comparecencia, las candidatas mostraron posturas contra los derechos de las mujeres y de los derechos de las parejas del mismo sexo. Además, mostraron un conocimiento insuficiente sobre la jurisprudencia y los principios que ha determinado la SCJN, explica Pantin.

“Nos preocupa que tengan esas posturas, que van en contra de los derechos humanos en un momento en que creemos que en México hace falta defender los derechos humanos más que nunca”, consideró la experta.

Ser y parecer independiente

Para Pantin, que los ministros de la SCJN no solo sean, sino que parezcan independientes, es un tema fundamental, debido a que de eso depende que los ciudadanos confíen en las decisiones de sus juzgadores y no pongan en entredicho su credibilidad.

Al respecto, considera que los pasados de las propuestas para ministras no son idóneos.

En diciembre, Loretta Ortiz y Cecilia Maya participaron en la terna para remplazar al ministro José Ramón Cossío, donde resultó electo Juan Luis González Alcántara. En esta nueva terna, ambas aspirantes contendieron.

“Las dos son muy cercanas al presidente, sus consejeros o su partido. Una fue candidata por Morena a distintos puestos de elección; la otra fue militante de Morena y renunció horas antes de su comparecencia en el Senado (en diciembre)”, lo que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, considera Pantin.

Sin embargo, este no es el único problema.

El proceso de designación de ministros de la SCJN históricamente no ha sido tan abierto a la participación ciudadana y a la falta de una norma clara.

“Cada vez que hay una vacante, el Senado tiene que votar un acuerdo para decidir el proceso de designación, las comparecencias y la participación ciudadana”, consideró Pantin.