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Eduardo Aguilar

Una fracción del partido demócrata estadounidense lanzó a principios de este año la resolución Green New Deal: un proyecto de legislatura que promueve el uso de energías renovables para la creación de empleos en las áreas industriales que han visto sus fábricas emigrar a países que ofrecen una mano de obra más barata.

 

El programa ha sido criticado por su naturaleza “aspiracional” y su falta de realismo. Sin embargo, Steve Cohen, asesor principal del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, cree que la generación de empleos a través de energías renovables “podría crear un puente para aquellos que no se han podido adaptar a los requerimientos educativos de la economía de servicios”. El académico considera esta posibilidad como una herramienta fundamental en el impulso de economías nacionales.

Generamos 20,403 megawatts con energías limpias

En México ya se generan 20,403 megawatts con energías limpias, con campos de generación fotovoltaica y eólica en áreas como Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, donde se han concentrado la mayoría de los desarrollos. Entonces, ¿de qué tamaño ha sido el impacto económico? ¿Se pueden imitar los efectos de un Green New Deal sin impulso del gobierno?

La generación de empleos

Representantes de Acciona, una de las empresas más grandes del sector renovable con 860 MW en operación en México, revelaron que sus cálculos proyectan la creación de 1,000 empleos directos por cada 100 MW de capacidad instalada. Sin embargo, queda claro que el total de la contratación no es realizada por Acciona, la cual sólo reporta 2,000 empleados en México. A pesar de esto la compañía declaró haber creado 4,470 empleos directos, indirectos e inducidos en 2018.

Es claro también que se trata de cifras optimistas o, al menos, exclusivas de Acciona: de acuerdo con la Secretaría de Energía, la capacidad eólica total del país es de 4,368 MW, lo que según estos cálculos representaría la generación de 46,000 empleos directos. 

 

Sólo en el Istmo de Tehuantepec, esto representaría 23,000 empleos directos. Sin embargo, la International Renewable Energy Agency (Irena), reconoce sólo 18,000 empleos en la industria eólica de nuestro país. De hecho, la agencia estima que el total de empleos en el sector de generación renovables es de 87,000.

Estos datos cobran importancia si consideramos que actualmente las energías renovables aportan el 17% de la generación nacional. Entre estas tecnologías, la energía solar es la que tiene un mejor índice de empleo: 6.61 empleados por megawatt instalado. Esto quiere decir que, si la totalidad de capacidad de generación fósil nacional fuera sustituida por energía solar, se crearían sólo 344,000 nuevas plazas directas.

 

Un estudio firmado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Iniciativa Climática de México, es mucho más optimista. Según sus cálculos, una inversión de 60,000 millones de dólares acercará la generación renovable al 35% de la demanda nacional y generará 206,000 empleos directos e indirectos para 2032.

 

Además, el cálculo de estas asociaciones resulta conservador si lo comparamos con el pronóstico de Sener, que en un estudio del año pasado dijo que esperaba llegar al 39.6% de energía limpia para 2032.

 

Generación de energía limpia versus convencional

Las proyecciones de creación de empleos son muy distintas entre diversos actores: Asolmex dijo a El CEO que esperan más de 80,000  “empleos conservados y generados en toda la cadena de valor”, producto de los 3,000 MW adjudicados a energía solar en las tres subastas de largo plazo. Sin embargo, la proyección total de crecimiento solar es de 11,400 MW para 2035. 

 

A razón de 26.6 empleos por MW, este crecimiento se traduciría en 304 mil empleos directos e indirectos: muy por encima de la estimación de AMDEE y Asolmex.

 

 

AMDEE no quiso revelar números actuales ni proyecciones de empleo en la generación eólica, pero sí explicó que prevén agregar 9,500 MW de capacidad eólica para 2024, lo que triplicaría su capacidad de generación. Según las proyecciones de Acciona, esto se traduciría en 95,000 empleos: más de la mitad de la cuota de 206,000 que las asociaciones proyectan para solar y eólica para 2035.

Lo que sí es un hecho es que los sueldos son un atractivo de esta industria: la Asociación Nacional de Energía Solar reporta que un instalador de paneles gana entre 9,000y 14,000 pesos mensuales. 

 

Esta última cifra es más del doble del salario promedio de los afiliados al IMSS en el país (6,117).

Los retos de la propiedad del suelo

La obtención de los derechos del suelo donde se establecen los parques solares y eólicos ha sido un tema ríspido desde los inicios del sector, principalmente por acusaciones de cacicazgo, fraude e incluso violencia hacia los propietarios originales de las tierras.

 

Ezequiel Zárate Toledo, autor de “La política eólica mexicana: Controversias sociales y ambientales debido a su implantación territorial. Estudios de caso en Oaxaca y Yucatán” y profesor de Ciencias Ambientales en la Enes Mérida, explica que varios de los problemas surgen por la necesidad de las empresas de aterrizar la inversión necesaria, pues los préstamos muchas veces requieren haber obtenido los derechos de las tierras, lo que lleva al uso de intermediarios locales que “convencen” a los propietarios de firmar los contratos: los caciques.

 

La mayoría de las empresas que operan parques de generación rentan la tierra a ejidatarios locales. Los precios pagados por metro cuadrado no son públicos, pero representantes de Acciona comentaron que “generalmente la gente está contenta de que nos acerquemos a ellos. Saben que con una oferta nuestra su tierra se revaloriza”.

 

En el Istmo, existen 23 parques. Zárate cuenta que la región vivió dificultades al inicio de los desarrollos, con propietarios a los que se les ofrecían 1,000 pesos al mes por hectárea. “Ahora el más jodido gana 300,000 pesos al año”, dice.

 

Estos aumentos no vinieron solos: campesinos de la región se han organizado e incluso han amenazado con sabotear las instalaciones en protesta por las promesas incumplidas. Además, se han formado asociaciones encargadas de renegociar los contratos. Esta dinámica motivó la comunicación entre diversos propietarios y la exigencia de mejores condiciones, con base en las estipulaciones logradas por otros grupos.

 

A pesar de esto, no hay forma de saber si todos los propietarios se han beneficiado de los aumentos: en 2016 NYT reportó que un propietario rentaba a Iberdrola 40 hectáreas por 1,500 pesos al mes.

 

El problema de fondo, asegura Zárate, son las fallas en la legislación de la reforma energética. “No existe la transparencia necesaria en los precios que se pagan por los predios ni en las ganancias de las empresas generadoras. Tampoco existe una figura de sociedad entre las empresas y las comunidades locales. El ámbito social y el impacto ambiental no juegan en las licitaciones: cuando se redactó la ley se vieron como el enemigo a vencer. El sistema es inequitativo, pero hay que recordar que, aunque las comunidades están desprotegidas, ellas son las dueñas de las tierras”.

Los municipios y los impuestos que no llegan

La Reforma Energética otorga la responsabilidad de la implementación del marco regulatorio al Gobierno Federal. Los gobiernos municipales intervienen principalmente en los trámites de cambio de uso de suelo y el otorgamiento de permisos para la construcción.

 

La constitución dicta que estos cargos deben calcularse en función del trámite, independientemente del tamaño del proyecto, lo que significa pérdidas importantes para los municipios más afectados por los desarrollos.

 

En 2011, Juchitán de Zaragoza modificó su Ley de Ingresos para cambiar las cuotas de uso de suelo y licencia de construcción para parques eólicos (a calcularse por metro cuadrado), así como el establecimiento de un refrendo de condiciones de funcionamiento de los aerogeneradores.

 

En 2015 Saúl Vicente Vásquez, entonces presidente de Juchitán, denunció que los parques de la región sostenían un adeudo de más de 800 millones de pesos por concepto de impuestos. Las empresas se ampararon y, el año pasado, cinco alcaldes oaxaqueños firmaron un acuerdo de entendimiento suscrito por el gobierno del estado en el que se comprometían a no cobrar impuestos de referendo o renovación. 

 

Entre ellos se encontraba Gloria Sánchez López: ex edil de Juchitán y ahora diputada local.

Por: Eduardo Aguilar  |  Diseño: Daniel Vizcarra